Abriendo la norma
Dispénsase a los funcionarios administrativos y de la Fiscalía de Estado, de la obligación de iniciar acciones administrativas y/o judiciales tendientes a exigir el pago de las obligaciones regularizadas conforme lo previsto en la presente Ley o tendientes a aplicar o hacer efectivas sanciones vinculadas con las mismas, y de formular denuncias en los términos de la Ley Nacional Nº 24.769 (texto según la Ley Nacional Nº 26.735) cuando las mismas se refieran a las obligaciones mencionadas, exceptuándolos a tales fines, en el marco y con el alcance del Plan aprobado por la presente, de la aplicación de los artículos 287 apartados 1) y 3) del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires; artículo 24 párrafos cuarto y quinto, artículo 44 bis, párrafos primero y segundo, artículo 50 inciso 8) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires – Ley N° 10397 y modificatorias; y artículo 4º inciso t) de la Ley N° 13766 y modificatorias. Dicha dispensa regirá desde la formalización de los acogimientos y mientras no se produzca la caducidad del régimen de regularización, en los términos del artículo 4º.
Siempre que se cancele íntegramente el régimen de regularización que se implemente, así como la Tasa de Justicia y los costos y costas que eventualmente pudieran corresponder, o se verifique la situación prevista por el artículo 2º segundo párrafo, se procederá al archivo de las actuaciones administrativas y/o juicios de apremios interpuestos para exigir el pago de las obligaciones reducidas y/o para aplicar o exigir sanciones vinculadas con las mismas, cualquiera fuera el estado en que se encuentren.
Operada la caducidad del acogimiento al régimen de regularización que se implemente conforme lo regulado en la presente Ley, y sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el artículo 4º de la misma, quedará habilitado de pleno derecho el inicio o la prosecución de las acciones administrativas y judiciales cuya dispensa ha sido establecida en el primer párrafo del presente artículo.
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