Abriendo la norma
Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación en el Poder Legislativo y en todo el sector público provincial, el que a tal efecto está integrado por:
a) Administración pública provincial, conformada por: 1. La administración central; y 2. Las entidades descentralizadas, quedando comprendidos los Organismos autárquicos, Organismos de control, organismos de seguridad social, entes reguladores de servicios públicos y entes especiales.
b) Empresas y sociedades del Estado provincial que abarca a las empresas públicas, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado provincial tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.
c) Fondos fiduciarios existentes y a crearse con posteridad a la entrada en vigencia de la presente ley, integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado Provincial.
d) Toda otra organización, institución o fondo al que se haya otorgado subsidios o aportes, o cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado provincial en forma directa o a través de entidades provinciales, salvo las que por ley especial tengan otro régimen establecido.
e) El Poder Legislativo, conforme las previsiones del artículo 3.
Las disposiciones de la presente ley, sin perjuicio de otros regímenes vigentes, alcanzan:
a) Con carácter imperativo: a los funcionarios que integran los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado Provincial y en particular a los enumerados en el artículo 3 de la presente Ley.
b) Por adhesión: a las personas que ejercen la función pública en los Departamentos Ejecutivo y Deliberativo municipal y en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.
c) Por sometimiento voluntario: a los miembros de los cuerpos colegiados de conducción y control de asociaciones gremiales de trabajadores, de empresarios, de profesionales, comunitarias, sociales y a toda entidad que tenga por objeto administrar derechos e intereses colectivos y vincular las relaciones entre el sector público y los ciudadanos.
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