Abriendo la norma
Los importes fijados por la prestación de servicios de los peritos oficiales, técnicos forenses o de la administración pública, y los correspondientes a los gastos a que se refiere el artículo 26 ingresarán a una cuenta bancaria especial. El destino de esos fondos será determinado por la Suprema Corte de Justicia.
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