Abriendo la norma
Prohibiciones objetivas: Se encuentra prohibida la organización, explotación y desarrollo de los juegos objeto del presente Titulo que, por su naturaleza o por razón del objeto sobre el que versen:
a) Atenten contra la dignidad de las personas, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, contra los derechos de la juventud y de la niñez o contra cualquier derecho o libertad reconocido constitucionalmente.
b) Se fundamenten en la comisión de delitos, faltas o infracciones administrativas.
c) Recaigan sobre eventos prohibidos por la legislación vigente.
Prohibiciones subjetivas: Se prohíbe la participación en los juegos objeto del presente Título a:
a) Los menores de edad y los incapacitados legalmente o por resolución judicial.
b) Los accionistas, propietarios, participes o titulares significativos del operador de juego, su personal directivo y empleados directamente involucrados en el desarrollo de los juegos, así como sus cónyuges o personas con las que convivan, ascendientes y descendientes en primer grado en los juegos que gestionen o exploten aquéllos, con independencia de que la participación en los juegos, por parte de cualquiera de los anteriores, se produzca de manera directa o indirecta, a través de terceras personas humanas o jurídicas.
c) Los deportistas, entrenadores u otros participantes directos en el acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta.
d) Los directivos de las entidades deportivas participantes u organizadoras respecto del acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta.
e) Los jueces o árbitros que ejerzan sus funciones en el acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta, así como las personas que resuelvan los recursos contra las decisiones de aquellos.
f) El personal y/o los funcionarios del Instituto Provincial de Lotería y Casinos.
Con el fin de garantizar la efectividad de las prohibiciones subjetivas mencionadas, la Autoridad de aplicación, establecerá las medidas que, de acuerdo con la naturaleza del juego y potencial perjuicio para el participante, puedan exigirse a los operadores para el cumplimiento de estas.
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