Abriendo la norma
Los licenciatarios tendrán los siguientes derechos y obligaciones:
a) Desarrollar la actividad de juego en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, con los derechos y obligaciones reconocidos en el procedimiento de adjudicación realizado por la Autoridad de aplicación y en la resolución de otorgamiento emitida por la misma.
b) Constituir domicilio en la Provincia de Buenos Aires.
c) Obtener la licencia de explotación para la modalidad de juego comprendida en el presente Título, siempre que reúnan los requisitos establecidos. La página de inicio de la web del titular de la licencia deberá mostrar que el titular está en posesión de una licencia otorgada por la Autoridad de aplicación.
d) Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la actividad específica y/o aquel que en el futuro pudiera corresponder.
e) Registrar un dominio perteneciente a la zona especial designada por la Autoridad de aplicación para el desarrollo y la comercialización a través de Internet de las actividades de juego en el ámbito de aplicación de este Título.
Los operadores habilitados para realizar actividades de juego deberán asumir como compromisos, por lo que se refiere a la gestión responsable del juego:
a) Respetar y asegurar el cumplimiento de la Ley 25.246 a efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos, en su calidad de sujetos obligados por el artículo 20 inc. 3 de dicha norma, como así también de las reglamentaciones vigentes y/o sus modificatorias.
b) Asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones vigentes sobre lavado de dinero Ley 25.246 y sus modificatorias.
c) Asegurar la integridad y seguridad de los juegos, garantizando la participación, transparencia de los sorteos y eventos, del cálculo y del pago de premios y el uso profesional diligente de los fondos, en su más amplio sentido.
d) Canalizar adecuadamente la demanda de participación, validando la información aportada por el jugador con los Organismos que a tal fin determine la reglamentación.
e) Reducir cualquier riesgo de daño potencial a la sociedad.
f) Colaborar con el Estado en la detección y erradicación de los juegos ilegales, en la persecución del fraude y la criminalidad y en la evitación de los efectos perniciosos de los juegos.
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