Abriendo la norma
Son funciones de la Autoridad de Aplicación:
Conformar una comisión integrada por representantes de los Ministerios de Salud, Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo de la Comunidad y de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, los cuales cumplirán sus funciones ad honorem. La misma podrá desarrollar planes de prevención y erradicación de la violencia contra las infancias, y las políticas necesarias para el cumplimiento de dicho objetivo, las que deberán contener mecanismos claros y eficientes de participación comunitaria con las entidades.
Conformar un equipo interdisciplinario e intersaberes a fin de impulsar acciones de capacitación, asesoramiento y acompañamiento, con el objeto de fortalecer institucionalmente áreas específicas, destinadas a trabajar en la eliminación de la violencia contra las infancias en las actividades sociales, culturales y deportivas que se desarrollan en las asociaciones civiles.
Atender al principio de corresponsabilidad institucional del Estado mediante el diseño e implementación de las políticas, necesarias para alcanzar el objeto de la presente Ley, con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual.
Establecer instancias de articulación y mecanismos que fortalezcan a las asociaciones civiles, creando espacios o participando de los ya existentes, para el desarrollo de las actividades que suponen los lineamientos generales y específicos con los Municipios de la provincia de Buenos Aires.
Elaborar las directrices y ejes temáticos mínimos sobre los que deberán implementarse las capacitaciones. A tal fin, podrá adaptar materiales y programas existentes, o bien desarrollar nuevos contenidos que garanticen un diseño inclusivo y de divulgación accesible en todas las plataformas y canales seleccionados.
Desarrollar materiales didácticos que podrán incorporarse a un formato digital con acceso a una plataforma web, en tanto quede garantizada la minimización del impacto por brecha digital. Los mismos deberán estar disponibles y accesibles para todas aquellas personas que requieran su uso.
Celebrar acuerdos de cooperación y asistencia con instituciones educativas, sanitarias, unidades académicas, de investigación y organismos afines, con el objeto de desarrollar programas de capacitación en prevención de violencia contra las infancias.
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