Abriendo la norma
El consentimiento previsto en los artículos 4° inciso e) y 9° de la presente Ley será otorgado, en el caso de niños, niñas y adolescentes, según la normativa en materia de autonomía y capacidad para actos en salud vigente en el país, respetando siempre la decisión de los mismos y debiendo participar los adultos que resulten ser representantes legalmente habilitados, bien sea para ejercer la representación en edades tempranas o para ayudar a tomar la decisión al participante.
El consentimiento informado, previsto en el artículo 4° de la presente Ley, será otorgado, en el caso de personas con discapacidad o con padecimiento mental, por ellas mismas, previendo el ejercicio de la autonomía posible en cada caso, y/o con la participación de un apoyo, para la mejor comprensión, en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación.
En casos de discapacidad absoluta se debe recurrir a quien resulte ser representante legalmente habilitado para ejercer la representación. Para el caso de las personas declaradas por un juez incapaces o con capacidad restringida, este proceso podrá ser realizado por un representante legal. Las personas que por motivos de salud no puedan decidir por sí mismas no deben ser incluidas en la investigación, a menos que ésta tenga como objetivo promover la salud del grupo representado
por el participante potencial, no pueda realizarse en personas capaces de dar su consentimiento informado e implique sólo un riesgo y costo mínimos.
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