Abriendo la norma
Declárase el estado de emergencia social, económica, sanitaria, ambiental y urbana en el Municipio de Bahía Blanca por el mismo plazo que el artículo precedente. Facúltase al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires a implementar, durante el plazo que dure la emergencia, todas las acciones necesarias para garantizar la adecuada gestión ambiental de los residuos sólidos urbanos, residuos voluminosos y otros residuos generados como consecuencia de la emergencia, que no puedan ser gestionados de acuerdo a la regulación preexistente. A tal efecto, el Ministerio de Ambiente tendrá las siguientes facultades:
1. Creación de un Comité Temporal de Emergencia: En coordinación con el Municipio de Bahía Blanca y su autoridad ambiental, el Ministerio de Ambiente creará un Comité Temporal de Emergencia, el cual establecerá un protocolo para la gestión integral de residuos, incluyendo la operación de rellenos sanitarios, centros de acopio y otras instalaciones necesarias. La constitución y funcionamiento de dicho Comité se regirán por normativa complementaria, atendiendo a las particularidades de la emergencia.
2. Requerimiento de información: El Ministerio de Ambiente podrá requerir a cooperativas, empresas y organizaciones que desarrollen actividades relacionadas con la gestión integral de residuos, reportes periódicos sobre su operatividad, capacidad, ámbito territorial de operación, tecnología utilizada y cualquier otra información relevante para adoptar medidas anticipatorias y preventivas en el marco de la emergencia.
3. Procedimientos de excepción: Durante la vigencia de la emergencia, el Ministerio de Ambiente podrá establecer procedimientos de excepción para la obtención de permisos y/o autorizaciones de funcionamiento vinculados a las actividades reguladas por las Leyes Provinciales N° 11.347, 11.720 y 13.592.
4. Coordinación con Hacienda y Finanzas: El Ministerio de Ambiente coordinará con el Ministerio de Hacienda y Finanzas para efectuar las reestructuraciones presupuestarias necesarias que permitan financiar las medidas ambientales, sociales y sanitarias derivadas de la aplicación de la presente Ley.
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