Abriendo la norma
Autorízase al Poder Ejecutivo para disponer de la tierra pública, acordándola a empresas particulares, por un precio que no baje de cinco nacionales la hectárea, o la hipoteca a que estén afectados los campos, a fin de que la destinen a la formación de centras agrícolas, con el objeto y la forma que establece la presente Ley, quedando obligados a ligar estas tierras por ferrocarriles, que serán construidos por las mismas empresas.
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