Abriendo la norma
Declárase obligatorio el uso de las aguas corrientes a los efectos de la economía doméstica, para todas las propiedades que se encuentren servidas por cañerías de distribución colocadas en las calles a que den frente, señalándose el plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha en que se libre al servicio la cañería que ha de proveer cada finca, para que los propietarios realicen las obras domiciliarias de provisión de agua.
Vencido este plazo, las fincas pagarán el servicio de agua aunque no estén instaladas las cañerías internas, sin perjuicio de las medidas que dictaren las respectivas Municipalidades para obligar a los propietarios a cumplir con la Ley.
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