Abriendo la norma
El Poder Ejecutivo queda facultado para fijar un término no mayor de un mes y no menor de ocho días, para que los tenedores de títulos de la deuda interna expresen si aceptan o no el canje o la conversión de los títulos actuales por los títulos a emitirse de acuerdo con la paridad establecida por el mismo Poder Ejecutivo y a declarar que se entenderá que el canje o la conversión es aceptado por los que en tiempo hábil no hayan hecho en forma manifestación en contrario. A los efectos de la aplicación de las tablas de amortización, respecto de los títulos no rescatados, podrá considerar como ingresados al fondo amortizante de cada empréstito los títulos canjeados o convertidos, conforme a las disposiciones de esta Ley.
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