Abriendo la norma
Los jueces no podrán designar peritos particulares a costa del Fisco, debiendo en todos los casos recaer estos nombramientos en funcionarios o empleados de la Administración.
Los peritos así nombrados estarán obligados a prestar los servicios que les sean ordenados por los jueces, bajo pena de destitución si no lo hicieran, no pudiendo reclamar honorarios cuando las costas fueran a cargo del Fisco.
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