Abriendo la norma
Los letrados, procuradores o valuadores no tendrán en ningún caso derecho a cobrar alguna otra suma al Fisco, aun cuando se le ordene la suspensión o desistimiento del juicio, medidas que sólo podrá disponer
la Dirección General
de Rentas.
ARTÍCULO 28.- La fijación de los honorarios por vía de estimación, cuando no exista regulación judicial, será practicada por el Jefe del Departamento de Asuntos Legales de
la Dirección General
de Rentas con apelación ante el Director General, en la siguiente proporción: en los juicios hasta quinientos pesos moneda nacional, el diez por ciento como máximo; en los juicios por mayor cantidad a la indicada, no excederán del ocho por ciento. El Poder Ejecutivo, determinará dentro de esos límites, la escala que crea más conveniente para la mejor estimación.
ARTÍCULO 29.- Cuando el contribuyente pague parcialmente la deuda, los honorarios serán calculados sobre el monto de las sumas que efectivamente ingresen, salvo que el Director General de Rentas disponga otra cosa más favorable para el contribuyente, en cada caso.
ARTÍCULO 30.- Los alguaciles especiales tendrán derecho a percibir del Fisco -con independencia de sus honorarios a cargo de los ejecutados- el tres por ciento sobre las multas que ingresen definitivamente, provenientes de los juicios en que hayan intervenido. El máximo de esta retribución no podrá exceder en cada juicio de cincuenta pesos moneda nacional.
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