Abriendo la norma
Los funcionarios públicos que dejen de practicar los actos relativos a la instalación de las mesas receptoras de votos o a la celebración de las elecciones, que por ésta ley se les encomienda, serán penados con arresto de tres (3) a dieciocho (18) meses. Si hubieran impedido la depuración y publicación del Registro Electoral o la celebración o escrutinio de las elecciones en los plazos marcados por esta ley, la pena se duplicará. Incurrirán en la misma pena las autoridades civiles o militares que exijan a sus subordinados, o a quienes tengan relaciones con su repartición el dar o negar su voto a candidatos o partidos determinados; o a los que valiéndose de medios o agentes oficiales, exijan también, sostener o combatir determinados partidos o candidatos.
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