Abriendo la norma
El procurador que no acepte sin justa causa, el apoderamiento del declarado pobre, ordenado de oficio, se hará pasible de multa que no excederá de $ 200 moneda nacional, sin perjuicio de que los jueces puedan decretar su suspensión hasta por un mes en caso de reincidencia. Aceptado el cargo el procurador quedará sujeto a las obligaciones y responsabilidades de los apoderados (*).
(*)Por Decreto Nacional 2.128/91 y art. 12 de la Ley Nacional 23.928 se modificó el signo monetario.
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