Abriendo la norma
El Poder Ejecutivo a fin de lograr, conjuntamente la defensa del consumidor y el crecimiento efectivo de la producción, podrá:
a) Fijar precios y/o márgenes de utilidad medios, máximos o mínimos, fijos o variables y normas sobre producción de bienes y comercialización en todas sus etapas, y prestación de toda clase de servicios;
b) Fijar niveles de existencias medios y/o máximos de los productos incluidos en la presente Ley, para cada actividad y etapa en particular, no pudiendo fijar estos niveles para una empresa determinada, salvo cuando una sola empresa operare en una etapa del ramo de la Provincia;
c) Obligar a mantener la actividad habitual de producción de bienes, o de comercialización o de prestación de servicios de toda naturaleza durante tres meses, como máximo, previo análisis de la situación y perspectivas inmediatas económicas, patrimonial y financiera de la empresa en cuestión. Este análisis será publicado inmediatamente por la prensa;
d) Verificar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley. Para ello podrá crear registros, disponer el envío de informaciones y declaraciones juradas; disponer comparendos, allanamientos y exhibición de libros y papeles; disponer la utilización de planes de cuentas determinados para verificar la exactitud de las informaciones y con propósito de uniformación de datos, y solicitar la elaboración de cálculos de costos técnicamente realizados con carácter de declaraciones juradas;
e) Adoptar las medidas necesarias para asegurar el abastecimiento, incluso la utilización de medios del Gobierno. En caso de que sea imperioso hacer adquisiciones de bienes en el país o en el extranjero o efectuar la venta o distribución para asegurar el abastecimiento de la población, podrán disponerse las adquisiciones sin ser cubiertos los recaudos de la Ley de Contabilidad, con consignación judicial del justo valor de los bienes o servicios y dando cuenta inmediatamente a la Legislatura con publicación detallada por la prensa, de las contrataciones realizadas;
f) Incautación o secuestro de todo exceso de existencia en poder de firmas determinadas, con obligación de dar inmediata noticia al Poder Legislativo y de publicar las actuaciones por la prensa, dando cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior.
Esta enumeración es enunciativa.
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