Abriendo la norma
Reemplázanse las disposiciones del Capítulo VII, Régimen de Contrataciones, de la Ley de Contabilidad (Decreto-Ley 20846/57} modificada por la Ley 5977, por las siguientes:
Artículo 64.- Toda compra, así como las contrataciones sobre trabajos o suministros de especies, locación, arrendamientos y servicios que se realicen por cuenta de la Provincia, será efectuada, por regla general, mediante licitación pública.
Los avisos llamando a licitación pública se harán por lo menos en el "Boletín Oficial", sin cargo.
Artículo 65.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, podrá contratarse por licitación privada o concurso de precios, cuando el valor estimado de la operación no sea superior a dos millones de pesos moneda nacional.
Artículo 66.- El Poder Ejecutivo aprobará las contrataciones que excedan de cinco millones de pesos moneda nacional, y los respectivos ministros las que superen a un millón de pesos moneda nacional.
Cada Ministro en su jurisdicción, determinará los funcionarios que autorizarán los actos respectivos, cualquiera sea su importe y los que resolverán aquellos que no excedan de un millón de pesos moneda nacional.
Artículo 67.- En los edificios de propiedad particular, locados por la administración o cedidos en uso a la misma para el cumplimiento de sus servicios, podrán realizarse con cargo al Estado, trabajos de reparación y conservación cuando las circunstancias así lo exijan, y/o pequeñas mejoras que no alteren la estructura del inmueble cuando existan evidentes razones de necesidad pública para adaptarlos a los fines de su destino, hasta un importe por inmueble que no exceda en total de cien mil pesos moneda nacional y siempre que en contratos respectivos no se hubieren estipulado cláusulas en contrario. Dichos trabajos deberán ser autorizados en cada caso por el respectivo ministro del ramo o autoridades con competencial legal.
Los funcionarios que invoquen las razones de necesidad para la realización de los trabajos referidos, serán directamente responsables de la existencia de las mismas.
Artículo 68.- Si en las licitaciones públicas, privadas o concurso de precios, la concurrencia a esos actos se limitara a una sola firma oferente y la propuesta estuviera conforme con las actuaciones que sirvieron de base al acto y fuera conveniente a los intereses públicos, la autoridad competente queda facultada para resolver su aceptación.
Es facultativo de la administración rechazar todas las propuestas. El rechazo de las mismas no dará lugar a indemnización alguna.
Artículo 69.- No obstante lo dispuesto en los articulas 64 y 65 se podrá contratar directamente, por vía de excepción, los siguientes casos:
1.- Por razones de urgencia o emergencia imprevisible.
2.- Cuando, realizada una licitación no hubiere habido proponentes o no se hubieren hecho ofertas convenientes o admisibles.
3.- Las adquisiciones de bienes y/o locación de servicio cuya producción o prestación sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello, o que sólo posea una persona o entidad y no hubiere sustitutos convenientes.
4.- La contratación de artistas, técnicos, o científicos y/o sus obras.
5.- Cuando las materias y las cosas, por su naturaleza particular o por la especialidad del empleo a que se les destina, deban comprarse o elegirse en los lugares mismos de su producción, distante del asiento de las autoridades o cuando deban entregarse sin intermediario por los productores mismos.
6.- Las compras que fuere menester realizar para los casos en que el Poder Ejecutivo haga uso de la facultad que le acuerda el artículo 12, inciso a), de esta Ley de Contabilidad.
7.- Cuando existiere escasez notoria en el mercado de los elementos a adquirirse.
8.- Las contrataciones con reparticiones públicas nacionales, provinciales o municipales o entidades en las que dichos estados tengan participación.
9.- La publicidad oficial.
10.- Las adquisiciones de elementos o materiales que tenga fijados precios oficiales.
11.- La compra, locación y arrendamiento de inmuebles.
12.- La reparación de vehículos, motores, máquinas y aparatos en general.
13.- La compra de semillas, plantas, estacas y semovientes por selección o en remate público.
14.- Los servicios periódicos de limpieza y mantenimiento de bienes para funcionamiento de las dependencias públicas o para prestaciones a cargo, del Estado.
15.- Las compras o locaciones que deban ser realizadas en países extranjeros, siempre que no sea posible y /o conveniente efectuar en ellos licitaciones.
16.- Las compras en remate público, previa fijación de precios máximos, a abonarse en la operación.
17.- Cuando los bienes o servicios sean limitados a experimentación, investigación o simple ensayo.
18.- La compra de publicaciones.
19.- Los movimientos de tierra que ejecute el Departamento de Riego de la Dirección de Hidráulica.
Las causales de excepción, aludidas en los apartados precedentes, deberán ser fundadas por el jefe del organismo que las invoque, quien será responsable exclusivo de su existencia.
Las contrataciones que no excedan de $ 10.000 m/n, podrán efectuarse en forma directa sin tener en cuenta las causales de excepción contempladas en los incisos 1º a 19, de este artículo.
Las contrataciones a que se refiere este artículo serán autorizadas o aprobadas por el Poder Ejecutivo cuando su importe exceda de $ 1.000.000 m/n, o por los ministros o funcionarios en quienes deleguen cuando su monto sea menor.
Artículo 70.- Los Poderes Legislativo y Judicial designarán los funcionarios que autorizarán y aprobarán las compras y demás contrataciones a realizar en sus respectivas jurisdicciones.
En las entidades autárquicas, la autorización y la aprobación serán acordadas por las autoridades que sean competentes, según la respectiva Ley y sus reglamentos.
Artículo 71.- El Poder Ejecutivo reglamentará los requisitos que deban regir las contrataciones que realice la Provincia, de manera que las limitaciones que se establecen no resulten violadas por contrataciones parciales, simultáneas o sucesivas.
En las licitaciones públicas y privadas, las ofertas y adjudicaciones deberán afianzarse en la forma que determine el Poder Ejecutivo.
Quedan eximidas de tal requisito, las reparticiones nacionales, provinciales, municipales y entidades en que tenga participación el Estado.
Artículo 72.- Los gastos provenientes de la utilización de los servicios públicos esenciales, quedan exceptuados de las disposiciones de este capítulo y serán autorizados y/o aprobados por los funcionarios y en la forma que reglamentariamente se determine.
Artículo 73.- Prohíbese estipular juicio de árbitros o arbitradores en el supuesto de plantearse divergencias que se susciten en los contratos administrativos que concierten los poderes públicos de la Provincia.
Artículo 74.- Toda venta de bienes muebles, arrendamientos, locación de inmuebles y concesiones en general, será efectuada por regla general, mediante el procedimiento de licitación pública o remate público, previamente anunciado con especificación de base, modo de pago y demás condiciones que hagan a la contratación, de acuerdo con la reglamentación que apruebe el Poder Ejecutivo.
No se dispondrá venta alguna sin que por los organismos técnicos se haga el correspondiente justiprecio. La base para la venta será siempre, por lo menos, el 75 por ciento del justiprecio determinado.
Artículo 75.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, podrá venderse:
a) Mediante licitación privada cuando el justiprecio no exceda de 500.000 pesos moneda nacional.
b) Por concurso de precios, cuando el justiprecio no supere los 100.000 pesos moneda nacional.
c) En forma directa.
1. De elementos en condición de rezago cuando el justiprecio no exceda de 200.000 pesos moneda nacional.
2. De elementos que provengan y/o intervengan en la producción que realizan los organismos que tengan carácter de empresa o que persigan fines de experimentación y/o fomento, con excepción de los bienes en uso.
3. De elementos perecederos que deban enajenarse en forma inmediata.
4. A organismos nacionales, provinciales o municipales o entidades en las que tenga participación la Provincia.
5. De los bienes para los cuales en el acto de licitación o remates no hubiere habido proponentes u ofertas admisibles o convenientes. En tales casos, la venta se hará, por lo menos, por el importe de la base para la licitación o remate, y siempre que la propuesta se formalice dentro de los treinta días de aprobado el acto respectivo.
6. De bienes fuera de uso o en condición de rezago, a las instituciones mencionadas en el artículo 4º, previa tasación por organismos técnicos o funcionarios competentes.
7. De publicaciones que edite la Administración, ya sea en forma directa o por intermedio de consignatario con negocio del ramo establecido, en la forma y con los recaudos que reglamentariamente determine.
Artículo 76.- La autorización y aprobación de los actos a que se refieren los artículos 74 y 75, corresponderá al Poder Ejecutivo o a las autoridades que éste determine reglamentariamente.
La autoridad facultada para contratar podrá rechazar todas las ofertas, sin lugar a indemnización alguna.
Los poderes legislativo y judicial designarán los funcionarios que autorizarán y aprobarán las ventas y demás contrataciones a realizar en sus respectivas jurisdicciones.
En las entidades autárquicas, la autorización y aprobación serán acordadas por las autoridades que sean competentes según la respectiva Ley y sus reglamentos.
Artículo 77.- La venta de inmuebles a la Nación, Provincias, Municipalidades y particulares en general sólo podrá efectuarse con la previa autorización legislativa en cada caso, excepto aquellos que tuvieran un régimen legal especial.
Artículo 78.- Los remates podrán efectuarse por intermedio de oficinas especializadas en la materia, sean del Estado Nacional, Provincial o Municipal o martilleros inscriptos en la matricula respectiva, aun cuando fueran agentes de la Administración Provincial, no pudiendo, estos últimos, percibir comisión alguna del Fisco de la Provincia.
Artículo 79.- El producido de la venta de bienes de los organismos del Estado ingresará a Rentas Generales como recurso del ejercicio, salvo que correspondan a servicios de Cuentas Especiales o entidades autárquicas que incrementarán sus propios recursos.
El Poder Ejecutivo, con intervención del ministro del ramo y el de Economía y Hacienda, podrá utilizar, dentro del ejercicio en que se opere el producido, los fondos que ingresen a Rentas Generales como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, en la adquisición de bienes para el respectivo anexo, a cuyo fin deberá incrementar el crédito de la correspondiente partida del presupuesto.
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