Abriendo la norma
Créase el Consejo Profesional de la Química de la Provincia de Buenos Aires, que funcionará con carácter de persona jurídica de derecho público. Para el cumplimiento de sus fines, tendrá, dentro de la jurisdicción de la provincia, los siguientes objetivos, funciones, atribuciones y deberes:
1. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones relativas al ejercicio profesional de la química, para lo cual podrá disponer la realización de inspecciones y promover las acciones administrativas y judiciales que correspondan.
2. Gobierno y contralor de la matrícula de los profesionales de la química.
3. Poder disciplinario sobre los matriculados.
4. (Texto según Ley 9384) Proponer al Poder Ejecutivo los aranceles para el ejercicio de la profesión con exclusión de los aplicables en el ámbito estatal y de las prestaciones comprendidas en los regímenes de obras sociales.
Los aranceles que fije el Poder Ejecutivo tendrán carácter obligatorio.
5. Delimitar las funciones, alcance y jerarquía de los títulos habilitantes.
6. Sancionar, con aprobación de la asamblea, el reglamento del Consejo y el Código de Etica Profesional.
7. Propender el cooperativismo entre sus asociados.
8. Formar y sostener una Biblioteca pública, para la formación científica o relacionada con la profesión.
9. Establecer el régimen de incompatibilidades y escalafón para el ejercicio profesional, con aprobación de la asamblea.
10. Organizar y/o participar en congresos, conferencias y reuniones que se realicen, ya sea con fines de utilidad profesional o bien en aquellos actos referidos a un fin de bien público donde la química tenga una acción ingerente.
11. Representar y defender a los matriculados para asegurarles el libre ejercicio de la profesión velando por el decoro, mejoramiento y dignificación de la misma.
12. Tomar conocimiento y actuar en todo juicio, sumario, trámite judicial o administrativo que pueda afectar el ejercicio profesional de los matriculados o las atribuciones del Consejo Profesional de Química.
13. Acusar, con el voto de los 2/3 de los miembros del Consejo Directivo y sin el requisito de la fianza, a los funcionarios de la administración sanitaria que incurrieren en infracción o incumplimiento de las obligaciones emergentes de esta ley.
14. Proyectar la reglamentación y organización con aprobación de la asamblea del régimen provisional para los matriculados y elevarlo por intermedio del Poder Ejecutivo a la Legislatura.
15. Instituir becas o premios estímulo para estudiantes y/o profesionales de la química conforme a las reglamentaciones que se le dicten.
16. Velar por la armonía entre los profesionales químicos, aceptando arbitrajes para decidir diferencias entre colegas y entre éstos y terceros.
17. Resolver, en calidad de árbitros, las cuestiones que someta el Gobierno de la Provincia a su consideración y en los casos en que los particulares interesados soliciten su arbitraje.
18. Querellar ante la justicia a quienes hagan uso indebido de título habilitante o ejerzan ilegalmente la profesión.
19. Asesorar, a pedido de juez, sobre regulación de honorarios en actuaciones judiciales.
20. Facultar a sus miembros o a terceros a ejercer la representación administrativa o judicial del Consejo Profesional a los efectos del cumplimiento de esta ley, de su reglamentación y del Código de Etica.
21. Nombrar y remover el personal necesario para su funcionamiento; fijarle sueldo y viáticos.
22. Recaudar y administrar fondos propios (matrículas, multas, donaciones, legados, etc.), y depositarlos en cuenta bancaria.
23. Intervenir en los jurados de concursos que impliquen ejercicio profesional de la química.
24. Fijar cuota semestral a cuyo pago estará obligado todo profesional matriculado, así como el monto a abonar por derecho de inscripción.
25. Designar las subcomisiones internas que se estimen necesarias, pudiendo las mismas ser integradas por matriculados que no sean miembros del Consejo Directivo.
26. Llevar un registro en el cual se asentarán los contratos que reglen el ejercicio de la profesión, tanto individuales como colectivos al servicio de empresas, colectividades, instituciones de asistencia social, comercial, industrial o de cualquier otra naturaleza, así como los concertados entre los profesionales que se asocien para el ejercicio de la profesión en común. La inscripción al citado registro será obligatoria debiéndose para ello abonar un derecho el que será igual al duplo de la cuota semestral establecida por el inciso 24 del presente artículo.
27. Proponer anteproyectos de ley relacionados con el quehacer profesional y elevarlos al Poder Ejecutivo.
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