Abriendo la norma
Las obras públicas deberán ejecutarse en bienes que sean de propiedad de la Provincia o en los que ésta tenga posesión o disponga del uso.
En los edificios de propiedad particular, locados por la Administración o edificios en uso a la misma para el cumplimiento de sus servicios, podrán realizarse con cargo al Estado, trabajos de reparación y conservación y/o pequeñas mejoras que no alteren la estructura del inmueble, cuando existan evidentes razones de necesidad pública de adaptarlos a los fines de su destino, hasta un importe por inmueble que no exceda de la cantidad que fije la reglamentación incluidas las reservas de Ley.
Los funcionarios que invoquen las razones de necesidad que justifiquen la realización de estos trabajos, serán responsables de su existencia.
También podrán ejecutarse cuando el propietario sea la Nación, una Municipalidad o una institución con personería jurídica, pero en esta última circunstancia con la condición de que en caso de disolución, el valor de la obra realizada sea reintegrado en parte proporcional a la inversión efectuada o que la obra y el terreno pasen a ser propiedad de la Provincia de acuerdo con lo que reglamente el Poder Ejecutivo.
La ubicación de las obras será determinada por el ministerio respectivo.
En todos los casos en que por Ley se autorice la construcción de obras y en la misma no se establezca lo contrario, en la suma autorizada queda comprendido el valor de los terrenos necesarios.
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