Abriendo la norma
Resuelta la rescisión del contrato por causas contempladas en el artículo 64, la misma tendrá las siguientes consecuencias:
a) El contratista responderá por los perjuicios que sufra la Administración a causa del nuevo contrato que celebre para la continuación de las obras a por la ejecución de éstas por administración.
b) La Administración dispondrá, si lo cree conveniente y previa valuación, de los equipos y materiales que se encuentren en obra necesarios para la continuación de la misma.
c) Los depósitos de garantía y los créditos que resulten por los materiales equipos e implementos que la Administración reciba, en el caso del inciso anterior, por la liquidación de partes de obras terminadas y obras inconclusas que sean de recibo, quedarán retenidos a la resulta de la liquidación final de los trabajos ejecutados hasta el momento de la rescisión del contrato.
d) Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en esta Ley, al contratista se lo eliminará o suspenderá en el Registro de Licitadores por el término que fije la reglamentación.
e) En todas los casos en que la responsabilidad del contratista excediera el monta de las depósitos de garantía, podrá hacerse efectiva la misma sobre el equipo, el que se retendrá a ese efecto, pudiendo afectarse créditos correspondientes a otras abras que tenga contratadas con la Provincia; el equipo quedará automáticamente embargado, pudiendo el ministerio respectivo ordenar su secuestro y nombrar depositario.
f) En los casos en que surja responsabilidad técnica el ministerio respectivo aplicará las sanciones que correspondan al representante técnico y remitirá los antecedentes al Consejo Profesional de la Ingeniería.
ARTÍCULO 67.- El contratista tendrá derecho a solicitar la rescisión del contrato en los siguientes casos:
a) Cuando por causas imputables a la Administración Pública se suspenda por más de tres (3) meses la ejecución de las obras.
b) Cuando el contratista se vea obligado a reducir el ritmo previsto, en mas de un cincuenta por ciento (50 %) durante cuatro (4) meses como consecuencia de la falta de cumplimiento de la Administración Pública en la entrega de la documentación, elementos o materiales a que se hubiera comprometido, según contrato.
c) Cuando la Administración Pública no efectúe la entrega de terreno, ni realice el replanteo cuando éste corresponda, dentro del plazo fijado en el contrato más una tolerancia de treinta (30) días hábiles, siempre que esta circunstancia impida la iniciación de la obra.
d) Cuando la administración demore la emisión de uno o más certificados cuya suma en conjunto exceda del 10 % del monto contractual actualizados a la fecha de la intimación en la forma que establezca la reglamentación, o el pago, en iguales condiciones en 15 %.
La demora en que incurra la Administración para el pago deberá exceder de setenta y cinco (75) días contados a partir de los plazos establecidos en los artículos 44 y 46 y corresponderá además el reconocimiento de los intereses establecidos en los artículos 46 y 48 excepto que mediare culpa del contratista.
En todos los casos el contratista intimará al ministerio respectivo por intermedio de la repartición correspondiente, la que en el término que fije la reglamentación deberá normalizar la situación.
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