Abriendo la norma
El Poder Ejecutivo dispondrá la transformación o cesación del servicio tranviario que presta el Consorcio de Transporte de Pasajeros, creado por la Ley 6226, y estudiará de inmediato las modificaciones y sistemas de explotación y organización funcional a que deba adecuarse el servicio.
A tales fines, deberá proceder a la realización de los bienes del activo excluidos de la explotación, o disponerlos en su caso, para un destino de interés general; a la cancelación del pasivo del Organismo incluido el que corresponde a la Municipalidad de La Plata como sucesora de la ex Administración General del Transporte de Pasajeros y como integrante del Consorcio Transporte de Pasajeros, a quienes la Provincia subrogará en esas obligaciones; a la reubicación del personal afectado al servicio que se suprime, mediante su absorción por dependencias de la Administración General, con un sueldo no menor, beneficios sociales, antigüedad y estabilidad que tengan en la actualidad, o la baja de los mismos a opción de los interesados, previo pago de los montos indemnizatorios no menores que los que fija la Ley, o aplicación en su caso del régimen jubilatorio pertinente.
El material rodante, aéreo, accesorios, repuestos, cámaras transformadoras y todo otro elemento entregado a la Municipalidad de Bahía Blanca para la prestación del servicio de trolebuses, serán restituidos a la Provincia conforme lo establece el artículo 5º del Decreto-Ley 12771/57; para que ésta disponga su nuevo destino.
La transformación de Consorcio Transporte de Pasajeros se cumplirá por intermedio de un interventor designado por el Poder Ejecutivo, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.
Los gastos que exija el cumplimiento de las disposiciones precedentes, incluidos los que demande la adecuación del servicio, se atenderán con cargo a los créditos autorizados por la Ley de Presupuesto para el Consorcio Transporte de Pasajeros (CTP), y en caso de resultar insuficientes, podrán ser ampliados o reforzados con imputación a los Anexos Crédito para el cumplimiento de Leyes Especiales de la primera o segunda parte del Presupuesto General, según corresponda con arreglo a las disposiciones previstas en la Ley de Contabilidad.
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