Abriendo la norma
El Poder Ejecutivo y los Institutos Autárquicos sólo podrán decidir los expedientes en que pudieran resultar afectados los intereses patrimoniales de la Provincia, con el previo informe de la Contaduría General, dictamen del Asesor General de Gobierno y vista del Fiscal de Estado. Esta disposición comprende:
a) Todo proyecto de contrato que tenga por objeto bienes del Estado, cualquiera sea su clase;
b) Toda licitación, contratación directa o concesión;
c) Las transacciones extrajudiciales que se proyecten;
d) Todo asunto que verse sobre la rescisión, modificación o interpretación de un contrato celebrado por la Provincia;
e) Las actuaciones por contrataciones directas de los bienes declarados de utilidad pública;
f) El otorgamiento de jubilaciones y pensiones;
g) Toda reclamación por reconocimiento de derechos por lo que puedan resultar afectados derechos patrimoniales del Estado, en cumplimiento de lo normado por el artículo 143 de la Constitución de la Provincia.
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