Abriendo la norma
El Poder Ejecutivo ordenará la formación de un registro, por la Oficina de Inspección de Milicias en la que se anotará el nombre de los penados al servicio de las armas, y la fecha en que principie y deba concluir su condena, y fenecida que sea ésta, reclamará del Gobierno Nacional la libertad de los que se hubiesen puesto a su disposición para el cumplimiento de la sentencia.
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