Abriendo la norma
Declárase el derecho a computar para los fines jubilatorios y antigüedad en prestación de servicios, los períodos de inactividad para aquellas personas que por causas políticas o gremiales o estudiantiles, fueron separadas o debieron renunciar a sus cargos públicos en Poderes del Estado Provincial, Entes Autárquicos y Municipalidades, como consecuencia del Golpe de Estado del 16 de Setiembre de 1955 y hasta el ascenso del Gobierno Constitucional de 1958, y durante el Gobierno defacto de 1962, durante el régimen instaurado en 1966.
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