Abriendo la norma
Cuando la parte que ofreciere prueba pericial no sea una autoridad administrativa, y el valor del objeto de la pretensión supere los cien mil pesos ($100.000) tiene la carga de afianzar fehacientemente el pago de los honorarios de los/las peritos/as designados/as de oficio, con carácter previo a la aceptación del cargo por el/la experto/a, excepto cuando la autoridad administrativa ha ejercido la facultad establecida en el artículo 387. En caso de no satisfacerse dicha exigencia, el tribunal puede dejar sin efecto las designaciones que haya efectuado y nombrar a los/las peritos/as de los cuerpos técnicos que estime pertinentes.
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