Abriendo la norma
Las declaraciones juradas, manifestaciones e informes que presenten los/las contribuyentes, responsables o terceros presenten a la Dirección General de Rentas o autoridad equivalente, y los juicios de demanda contenciosa en cuanto consignen aquellas informaciones, son secretos. Los magistrados/as, funcionarios/as, empleados/as judiciales o dependientes de la actora, están obligados a mantener el secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones sin poder comunicarlo a persona alguna ni aún a solicitud del/la interesado/a, salvo a sus superiores jerárquicos. Las informaciones divulgadas en violación al secreto fiscal no son admitidas como pruebas en causas judiciales, debiendo los tribunales rechazarlas de oficio, salvo en las cuestiones de familia o en los procesos criminales por delitos comunes cuando aquéllas se hallen directamente relacionadas con los hechos que se investiguen, o cuando lo solicite el interesado en los juicios en que sea parte contraria el fisco nacional, provincial o municipal y en cuanto la información no revele datos referentes a terceros. El secreto establecido en el presente artículo no rige cuando deba citarse por edictos, para los organismos recaudadores nacionales, provinciales o municipales, siempre que las informaciones respectivas estén directamente vinculadas con la aplicación, percepción y fiscalización de los gravámenes de sus respectivas jurisdicciones.
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