Abriendo la norma
El Poder Ejecutivo promueve: a) El sostenimiento en la agenda pública de la inclusión educativa plena como prioridad social. b) El desarrollo e implementación de políticas públicas, en forma conjunta, de todos los organismos de gobierno para la inclusión educativa plena. c) Un sistema de indicadores socio-educativos que permitan monitorear los resultados, informar periódicamente de los logros y los desafíos pendientes y actuar en consecuencia. d) El desarrollo y financiamiento en forma concurrente de programas específicos para la inclusión educativa, en los niveles obligatorios, de la población que requiere alternativas especiales. e) El 50% (cincuenta por ciento) de mayor inversión anual por alumno, en infraestructura nueva y ampliaciones, en las áreas con poblaciones social y económicamente vulnerables que requieren atención diferenciada para una inclusión educativa plena. Esta mayor inversión anual por alumno deberá realizarse durante los primeros cinco (5) años de la puesta en vigencia de la presente Ley. f) Los presupuestos de las diferentes jurisdicciones involucradas en Políticas Públicas integradas para la inclusión educativa plena deberán especificar las partidas asignadas a esta finalidad.
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