Abriendo la norma
Principios- En la implementación de la presente Ley el Poder Ejecutivo debe respetar los siguientes principios: 1) Recuperación integral. El objetivo de la presente ley es la recuperación integral de los/as beneficiarios/as, entendida como el restablecimiento de sus condiciones psicológicas, físicas, sociales, educacionales y laborales, por lo que las prestaciones que se brinden no pueden tener limitaciones temporales, excepto las provenientes de disposiciones de la presente Ley. 2) No revictimización. Las gestiones que garanticen el cumplimiento de la presente ley no pueden implicar indagaciones de aptitudes o condiciones físicas y psíquicas o de cualquier tipo, que resulten revictimizantes. 3) No regresividad. La implementación de la presente Ley no puede implicar el desconocimiento de derechos reconocidos y/o que se estén gozando bajo normativa vigente. La transición entre regímenes no puede implicar condiciones menos favorables en el goce de los derechos por parte de los/as beneficiarios/as. 4) Continuidad. Se debe garantizar la continuidad de las prestaciones, y en caso de duda sobre el cumplimiento de requisitos por parte del/de la beneficiario/a, deberá estarse a favor de la subsistencia de las mismas. 5) Coordinación y articulación. Las diferentes áreas del Poder Ejecutivo deben actuar de manera coordinada y articulada en la implementación de las acciones, políticas y programas que se definan e implementen para el cumplimiento de la presente Ley. 6) Subsistencia. Las acciones, políticas y programas que se deriven de la sanción de esta ley no son excluyentes, por lo que el Poder Ejecutivo continúa con la implementación de los existentes e implementa todos los que considere pertinentes, ajustándose a las disposiciones de la presente.
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