Abriendo la norma
Ley de la Ciudad 5.787
Facultades y Atribuciones
Para el cumplimiento de sus funciones el Comité para la Prevención de la Tortura cuenta con las siguientes facultades y atribuciones: a) Ingresar a los lugares de detención en los que se encuentren o pudieren encontrarse personas privadas de su libertad con teléfonos celulares, computadoras, grabadoras, cámaras fotográficas y/o de filmación, y/o todo otro elemento necesario para la realización de sus tareas, pudiendo además concurrir con peritos, asesores o con quien estime del caso, estando habilitados para registrar la inspección por los medios y con los soportes tecnológicos que estime pertinente; b) Solicitar datos, información o documentación a los responsables de centros públicos y/o privados en los que se encuentren personas privadas de libertad, a toda otra autoridad pública, así como al Poder Judicial y Ministerio Público en el ámbito nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; c) Acceder a información o documentación referida a los centros públicos y/o privados en los que se encuentren personas privadas de libertad, así como a archivos y/o expedientes administrativos y/o judiciales donde conste información sobre personas privadas de libertad y/o sobre sus condiciones de detención y/o sobre el funcionamiento de los lugares de encierro, sin que persona o funcionario pueda obstruir el libre acceso a dicha información; d) Entrevistar a personas privadas de libertad en forma individual o colectiva, de modo confidencial y sin la presencia de testigos, en el lugar que considere más conveniente; e) Mantener reuniones con familiares de personas privadas de libertad, magistrados y funcionarios judiciales, abogados, médicos y otros profesionales de la salud, integrantes de los distintos servicios penitenciarios o instituciones de detención o alojamiento, y con todas aquellas personas y organismos públicos o privados que el Comité para la Prevención de la Tortura considere necesario para el cumplimiento de su mandato; f) Decidir la comparecencia de los funcionarios y empleados de los organismos y entes vinculados con los lugares de encierro con el objeto de requerirles explicaciones e informaciones sobre cuestiones referidas a su objeto de actuación; g) Supervisar el funcionamiento de los sistemas disciplinarios y de ascensos de aquellas instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tengan a su cargo la administración, control, seguridad o custodia de los lugares de detención y promover la aplicación de sanciones administrativas por las violaciones a las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales que compruebe el Comité para la Prevención de la Tortura en el ejercicio de sus funciones; h) Emitir opinión sobre la base de información documentada en los procesos de designación y ascenso de magistrados y funcionarios judiciales vinculados con sus competencias; i) Diseñar y proponer campañas públicas de difusión y esclarecimiento sobre los derechos de las personas en situación de encierro; j) Promover acciones judiciales, individuales y colectivas, incluyendo medidas cautelares, con el objeto de asegurar el cumplimiento de sus funciones y fines, pudiendo presentarse como querellante; k) Solicitar a las autoridades nacionales o provinciales y a toda autoridad competente, así como a los magistrados y funcionarios judiciales que corresponda, la adopción de medidas urgentes para la protección de personas privadas de libertad cuando en virtud de sus declaraciones, pudieran ser víctimas de agresiones, castigos, represalias, o perjuicios de cualquier tipo, o cuando a criterio del Comité, existieren elementos que indiquen un acontecimiento inminente de carácter dañoso que pudiera afectarles por cualquier motivo; l) Poner en conocimiento de lo actuado a los jueces a cuya disposición se encontraran las personas privadas de libertad, pudiendo, a la vez, expresar su opinión sobre algún aspecto de hecho o de derecho, en carácter de “amigo del tribunal“; m) Recibir las solicitudes de las organizaciones no gubernamentales interesadas para realizar inspecciones a los lugares de encierro detallados en la presente Ley y emitir la certificación necesaria que permita a todas ellas realizar las visitas. n) Articular sus acciones con universidades, organizaciones de derechos humanos, asociaciones de familiares de personas privadas de libertad y demás organismos de la sociedad civil que desarrollen acciones en defensa de los derechos de personas privadas de libertad a nivel nacional, provincial y municipal. La coordinación de acciones podrá realizarse mediante la firma de convenios, elaboración de informes o visitas conjuntas; ñ) Nombrar y remover a su personal y dictar los reglamentos a los que deberá ajustarse; o) Adquirir bienes de cualquier tipo; abrir y administrar cuentas bancarias, y celebrar cualquier tipo de contrato, necesario para el cumplimiento de sus fines y funciones, como también aceptar donaciones y legados que le asignen organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros; p) Asegurar la publicidad de sus actividades; q) Difundir y compartir la información con entidades públicas y privadas involucradas en el mejoramiento de la calidad de los centros de detención, a fin de facilitar la toma de decisiones políticas, y el desarrollo de planes y programas provinciales y nacionales; r) Realizar todo otro acto que sea necesario para el mejor cumplimiento de sus fines y funciones. El cumplimiento de las funciones y atribuciones enunciadas precedentemente son emergentes del mandato del Protocolo, la Convención y la Ley 26.827, no afecta la competencia interna de otros poderes, organismos y/o dependencias públicas cualquiera sea la órbita de funcionamiento de aquellas.
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