Abriendo la norma
Se requiere el consentimiento informado de las personas privadas de libertad en cuyo favor se pretenda entablar acciones individuales. Debe asegurarse que las personas privadas de libertad entiendan los beneficios, posibles riesgos o consecuencias negativas de cualquier acción realizada en su nombre. En las situaciones en las que la persona en cuyo favor se solicita la medida se encontrara de cualquier modo imposibilitada para otorgar ese consentimiento, el Comité se encuentra legitimado para impulsar judicialmente las acciones de protección necesarias, en la medida en que resulten beneficiosas respecto su situación actual. La legitimación acordada no altera ni modifica la que compete a los representantes legales ni a la persona en cuyo favor se promueve la medida protectoria.
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