Abriendo la norma
Previo a efectuar el llamado a licitación o concurso público para la adjudicación y ulterior celebración de un contrato de participación público-privada, y sin perjuicio del cumplimiento de lo prescripto en el segundo párrafo del artículo 31 del presente Anexo A de la Ley, la autoridad convocante deberá emitir un dictamen respecto de los siguientes aspectos: a) La factibilidad y justificación de la contratación mediante la celebración de un contrato de participación público-privada, previa intervención del órgano que el Poder Ejecutivo determine para cumplir las funciones asignadas por el Capítulo VIII, exponiéndose las razones por las cuáles se considera que el interés público se verá mejor atendido mediante el recurso a esta modalidad frente a otras alternativas contractuales disponibles. b) El impacto que los gastos o sus aumentos generados por esta contratación tendrán en las metas de resultado fiscal previstas en las leyes de presupuesto pertinentes. c) Estimación del efecto financiero y presupuestario del contrato por los ejercicios presupuestarios durante los cuales el contrato será ejecutado. d) Estimación de la suficiencia del flujo de recursos públicos, durante la vigencia del contrato y por cada ejercicio presupuestario comprometido, para el cumplimiento de las obligaciones contraídas. e) Las externalidades que provocará el proyecto, incluyendo la estimación sobre el flujo probable de ingresos futuros que generará el desarrollo del proyecto. f) El impacto que provocará el proyecto en la generación de empleo, y en el fomento de las pequeñas y medianas empresas y de la industria nacional en general; indicando la cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos que se estima que serán generados a través del proyecto, así como el porcentaje de participación de la industria nacional en general y de las pequeñas y medianas empresas en especial que se estima que tendrá lugar, de modo directo o indirecto, durante la ejecución del proyecto. g) El impacto socio ambiental que provocará el proyecto. h) Evaluación de costo-beneficio respecto del recurso a esta modalidad contractual, considerando los riesgos en caso de extinción del contrato. i) Evaluación sobre el equitativo reparto de riesgos dispuesto entre las partes de conformidad con los principios contenidos en el artículo 4° del presente Anexo A de la Ley, el que deberá ser idéntico al establecido en el contrato. j) Otros datos que permitan evaluar la conveniencia de ejecutar el proyecto mediante un contrato de participación público-privada. El dictamen al que se refiere el presente artículo deberá ser comunicado por la autoridad convocante al órgano que el Poder Ejecutivo determine para cumplir las funciones asignadas por el Capítulo VIII, a los efectos de lo previsto en el artículo 31 del presente Anexo A de la Ley e integrará la respectiva documentación contractual.
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