Abriendo la norma
Iniciativa privada - La iniciativa privada surge de la presentación de proyectos por parte de personas humanas o jurídicas. Tales iniciativas no podrán ser imprecisas, sino que deberán ser una iniciativa novedosa que manifieste una presentación suficientemente detallada que vislumbre su naturaleza y viabilidad. Las iniciativas privadas que se presenten deberán contener como mínimo los lineamientos que permitan su identificación y comprensión, así como su naturaleza, factibilidad jurídica, técnica y económica del proyecto, monto proyectado de la inversión, la fuente de recursos y financiamiento y los antecedentes de quien presenta la iniciativa. La evaluación de las iniciativas presentadas a efectos de declarar el interés público o desestimar el proyecto, será conforme la satisfacción de las necesidades públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de desestimarse el proyecto, cualquiera fuere la causa, el autor de la iniciativa no tendrá derecho a percibir ningún tipo de compensación por gastos, honorarios u otros conceptos. Declarada la iniciativa privada de interés público, se debe llamar a licitación pública a fin de seleccionar a quién ejecutará la iniciativa oportunamente presentada. En todos los casos en que las ofertas presentadas fueran de equivalente conveniencia, será preferida la de quien hubiera presentado la iniciativa entendiéndose que existe equivalencia de ofertas cuando la diferencia entre la oferta del autor de la iniciativa y la oferta mejor calificada no supere el cinco por ciento (5%) de esta última. Si la diferencia entre la oferta mejor calificada y la del iniciador fuese superior a la indicada precedentemente hasta en un veinte por ciento (20%), el oferente mejor calificado y el autor de la iniciativa serán invitados a mejorar sus ofertas, en forma simultánea y en sobre cerrado. El autor de la iniciativa privada, en el supuesto de no ser seleccionado, tendrá derecho a percibir de quien resultare adjudicatario, en calidad de honorarios y gastos reembolsables, un porcentaje del uno por ciento (1%) de la oferta adjudicada. El organismo licitante en ningún caso estará obligado a rembolsar gastos ni honorarios al autor del proyecto por su calidad de tal.
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