Abriendo la norma
Anticorrupción - El organismo contratante deberá revocar el procedimiento de selección en el que se compruebe que algún funcionario, oferente o tercero haya influido en forma indebida o tomara conocimiento que un oferente hubiere accedido al Pliego con una antelación mayor al de su difusión o en ventaja indebida respecto de los demás participantes. Es causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la contratación, sin perjuicio de las acciones penales que se pudieran deducir, el hecho de dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que: a) Funcionarios o empleados públicos con competencia en el procedimiento de selección del contratista y en el contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo al cumplimiento de sus funciones. b) Funcionarios o empleados públicos con competencia en el procedimiento de selección del contratista y en el contrato, hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que ésta haga o deje de hacer algo relativo al cumplimiento de sus funciones. c) Cualquier persona hiciere valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éste haga o deje de hacer algo relativo al cumplimiento de sus funciones. Son considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, miembros del órgano de administración, mandatarios, gerentes, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos o cualquier otra persona humana o jurídica. Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producen aún en grado de tentativa, y producirá la penalidad de la pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. Cuando con posterioridad al inicio de la ejecución de la obra se hubiera iniciado una investigación en sede penal por irregularidades en la contratación pública, y en la misma se dicte requerimiento de elevación a juicio o equiparable, o auto de procesamiento o equiparable confirmado por una segunda instancia, el organismo contratante podrá rescindir de pleno derecho el contrato con culpa del proveedor. El organismo contratante excepcionalmente y haciendo mérito del interés público, podrá decidir continuar con el contrato iniciando un proceso integral de revisión de las condiciones del contrato a los efectos de realizar el saneamiento del mismo, y exigiéndole al contratista un Programa de Integridad en los términos del artículo 98° de la presente ley con la desvinculación de la persona física que hubiera cometidos los hechos. Además de ello, el organismo contratante deberá aportar la información al juez competente. Ello sin perjuicio, que en caso de recaer condena firme en sede penal por un hecho cometido en el marco de una contratación en el ámbito de la presente ley, el mismo deberá ser rescindido con culpa del contratista, sin posibilidad de saneamiento. En idéntico sentido, el contratista que se encuentre en la situación prevista en los párrafos anteriores, podrá continuar con la ejecución de otros contratos de obra pública o concesión de obra pública, solamente si diera cumplimiento a lo establecido por el artículo 98 de la presente Ley. Todo organismo que convoque a un procedimiento de selección de una obra o concesión de obra pública, deberá consultar al órgano rector sobre las empresas obligadas conforme el artículo 98 de la presente Ley, y su correspondiente cumplimiento, lo que será condición para estar habilitada para ofertar. La persona humana queda inhabilitada para contratar en el ámbito de la presente ley, por el tiempo que fije el órgano rector, conforme lo previsto en la presente Ley y la normativa reglamentaria. En todos los casos, la autoridad competente deberá notificar inmediatamente a la autoridad de aplicación de la Ley 4895 o la que la reemplace en un futuro.
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