Abriendo la norma
Mecanismos de gestión de conflictos de intereses para autoridades superiores.- Los/las funcionarios/as públicos/as con jerarquía equivalente o superior a Ministro/a del Poder Ejecutivo, a Secretario/a del Poder Judicial y Legislativo, y las máximas autoridades de los entes descentralizados y las sociedades en las que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga participación en un grado suficiente para determinar la voluntad social o para controlarla por cualquier otro medio, que se encuentren alcanzados por algunos de los supuestos de conflicto de intereses actual previstos en el artículo precedente, dentro de los ciento veinte (120) días hábiles de asumir en sus cargos o de ser designados deben optar entre: a) Enajenar los bienes, títulos valores o las opciones, participaciones sociales a un tercero no relacionado. Sólo podrá dispensarse de la limitación subjetiva de la contraparte, cuando las disposiciones que rigen el contrato, negocio jurídico o venta de títulos correspondientes, contemplen previsiones especiales respecto a los sujetos a los cuales es posible enajenar; debiendo existir dichas previsiones en forma previa a la designación del/la funcionario/a público/a, no habiendo sido contempladas con motivo de fraude a la presente Ley. b) Constituir un fideicomiso hasta su cese en el cargo, en los términos previstos en la presente Ley. Habiendo transcurrido el plazo consignado para ejercer el derecho de opción y en el caso de que la Oficina de Integridad Pública detectase que el/la funcionario/a público/a se encuentra alcanzado por alguna de las situaciones previstas en el artículo precedente, deberá notificarlo fehacientemente para que en el plazo treinta (30) días hábiles contados desde la notificación efectúe la opción prevista en el presente artículo. Hasta el momento en que se haga efectiva la obligación de optar entre los supuestos a) o b) del presente artículo, y mientras los bienes, títulos valores o las opciones, participaciones sociales subsistan en su patrimonio, el/la funcionario/a público debe abstenerse de tomar decisiones e intervenir en aquellas situaciones vinculadas a los supuestos de conflicto de intereses.
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