Abriendo la norma
Oficina de Integridad Pública.- El Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial deberán designar al órgano que actuará en carácter de Oficina de Integridad Pública, en la órbita de aquel poder que la designa, la cual ejercerá sus funciones específicas, con independencia técnica, sin sujeción a directivas, instrucciones ni condiciones que se impartan o establezcan por sujetos ajenos a su estructura. Las decisiones que emita en materia de integridad pública sólo serán revisadas judicialmente. En observancia con lo dispuesto por la presente Ley, los poderes Legislativo y Judicial, reglamentarán en cada caso la organización y el funcionamiento de la Oficina de Integridad Pública.
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