Abriendo la norma
Los informes que se soliciten a las oficinas públicas, escribanos/as con registro y entidades privadas deben versar sobre hechos concretos, claramente individualizados, controvertidos en el proceso. Proceden únicamente respecto de actos o hechos que resulten de la documentación, archivo o registros contables del/la informante. Asimismo, puede requerirse a las oficinas públicas la remisión de expedientes, testimonios, certificados, u otros documentos en soportes distintos al papel, tales como video filmaciones, cintas magnéticas y soporte magnético, relacionados con el juicio. La confección de los oficios estará a cargo de las partes y serán suscriptos por sus letrados bajo su responsabilidad, en los términos del Art. 8 de la Ley Nacional Nº 23.187, salvo aquellos que la reglamentación establezca que corresponda que sean suscriptos por el juez o secretario. La parte interesada deberá acreditar su diligenciamiento dentro de los tres (3) días de notificada la apertura a prueba, bajo apercibimiento de tener por desistido el medio probatorio. El plazo para su contestación en todos los casos será de diez (10) días. Si transcurrido el plazo para su contestación no se hubieren contestado, sin necesidad de requerimiento alguno, podrán librarse oficios reiteratorios, haciéndole saber a los requeridos que una vez vencido el nuevo plazo otorgado, se le aplicará automáticamente una multa diaria de hasta una (1) Unidad de Medida Arancelaria (UMA), en favor de la parte que hubiese ofrecido esa prueba. La multa continuará devengándose hasta que se agregue la contestación, sin perjuicio de las demás sanciones que pudiesen corresponder al remiso. En el supuesto que no se acreditara el diligenciamiento del oficio reiteratorio dentro de los cinco (5) días de vencido el plazo original, sin sustanciación, se tendrá a la parte que la ofreció por desistida de la prueba. Las entidades públicas o privadas no podrán exigir aranceles, sellados o timbrados de ninguna especie para la recepción y contestación de oficios ofrecidos por el consumidor, debiendo consignarse esta previsión en los despachos que se libren. El Consejo de la Magistratura gestionará los convenios necesarios con organismos públicos o privados para el diligenciamiento y contestación de oficios por vía electrónica.
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