Abriendo la norma
Se encuentran legitimados para iniciar las acciones individuales o colectivas o interponer los recursos previstos en este Código: a) Las personas enunciadas en el artículo 1° de la Ley Nº 24.240 y en los artículos 1092, 1096 y 1102 del Código Civil y Comercial de la Nación. b) Los proveedores conforme a los términos del artículo 2 de la Ley Nº 24.240 y 1093 del Código Civil y Comercial de la Nación. Los proveedores no gozarán del beneficio de gratuidad previsto en esta ley y no podrán tramitar ante la justicia en las relaciones de consumo juicios ejecutivos en los que sean demandados consumidores. c) El consumidor solicitante de daño directo en términos del 40 bis de la Ley Nº 24.240 a los efectos del recurso directo contra la resolución de la autoridad de aplicación que lo deniegue u otorgue en menor medida que la solicitada. d) El adquirente o fiduciante-beneficiario que adquiera, en términos del artículo 1666 del Código Civil y Comercial de la Nación, mediante un contrato de fideicomiso inmobiliario inscripto en el Registro Público de Contratos de Fideicomiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bienes inmuebles como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. e) La autoridad de aplicación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. f) Las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas y registradas. g) La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. h) El Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los alcances previstos en el inciso 2 del Art. 53 de la Ley 1903, promover o intervenir en causas concernientes a la protección de los derechos como consumidor de las personas menores de edad, incapaces e inhabilitados y requerir todas las medidas conducentes a tales propósitos, cuando carecieren de asistencia o representación legal, fuere necesario suplir la inacción de sus asistentes y representantes legales, parientes o personas que los tuvieren a su cargo, o hubiere que controlar la gestión de estos últimos. i) El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. j) El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho Ministerio, cuando no intervenga en el proceso como parte, actuará obligatoriamente como fiscal de la ley, encontrándose legitimado para proponer medidas de prueba e interponer recursos en salvaguarda del orden público en las relaciones de consumo. k) El Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la CABA.
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