Abriendo la norma
Protocolo de Pruebas - Cuando un proyecto sea dictaminado como favorable conforme a lo dispuesto en el artículo 6°, inc. c), en el plazo de noventa (90) días desde la publicación del informe en el Boletín Oficial, se suscribirá un protocolo de pruebas entre el promotor y la autoridad de aplicación. Transcurrido dicho plazo sin haberse suscrito el protocolo, el proyecto decaerá. No obstante, la Autoridad de aplicación podrá ampliar el plazo para la suscripción del Protocolo. El protocolo establecerá las normas y condiciones a las que se sujetará el proyecto piloto en el que se desarrollarán las pruebas e incluirá, entre otras, las siguientes cuestiones: a) La limitación en cuanto al volumen de participantes y operaciones, tiempo de realización de las pruebas y espacio en el cual se desarrollarán las mismas. b) La forma en la que se llevará a cabo el seguimiento de las pruebas conforme a lo dispuesto en el artículo 8° de esta Ley. En particular, se detallará la información que se facilitará a la Autoridad de Aplicación y el modo de acceder a dicha información. c) Las fases del proyecto y los objetivos a alcanzar en cada una de las fases junto con el alcance de cada prueba y la duración de las mismas. d) Los recursos con los que tendrá que contar el promotor para llevar a cabo las pruebas. e) Un completo sistema de garantías e indemnizaciones de acuerdo con lo previsto en el Capítulo III de la presente y, en concreto, el régimen de garantías que resulte adecuado para cubrir la eventual responsabilidad del promotor conforme a lo previsto en el artículo 14. f) En su caso, cláusulas de confidencialidad, así como disposiciones, sujetas a la regulación específica, sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual o secretos empresariales que pudieran verse afectados durante la realización de las pruebas. g) Cualquier otra cuestión que a juicio del promotor o de la autoridad de aplicación del seguimiento de las pruebas pueda resultar relevante para su desarrollo. h) Cláusulas que establecerán todas las cautelas necesarias para garantizar en cada prueba un sistema específico de protección de los participantes que sea proporcionado al nivel de riesgo del proyecto, conforme a los objetivos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos.
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