Abriendo la norma
El personal comprendido en la presente Ley queda sujeto a las siguientes prohibiciones, sin perjuicio de lo que al respecto establezcan otras normas: a. Patrocinar trámites o gestiones administrativas referentes a asuntos de terceros que se vinculen con sus funciones hasta un (1) año después de su egreso; b. Dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar a personas humanas o jurídicas, que gestionen o exploten concesiones o privilegios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la Administración Pública en el orden Nacional, Provincial o Municipal, o que fueran sus proveedores o contratistas hasta un (1) año después de su egreso; c. Prestar servicios remunerados o ad-honorem a personas humanas o jurídicas que exploten concesiones o privilegios o sean proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta un (1) año después de su egreso; d. Recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones o franquicias que celebre u otorgue la Administración en el orden Nacional, Provincial o Municipal; e. Mantener vinculaciones que le signifiquen beneficios u obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o comprometer servicios personales a título oneroso con área de la Administración ajena a la de su revista bajo cualquier forma contractual hasta un (1) año después de su egreso; f. Valerse directa o indirectamente de las facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones para fines ajenos a dicha función o para realizar proselitismo o acción política; g. Utilizar personal, bienes o recursos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fines particulares; h. Desarrollar toda acción u omisión que suponga discriminación por razones de etnias, género, religión, nacionalidad, opinión, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; i. Recibir dádivas, obsequios u otras ventajas con motivo u ocasión del desempeño de sus funciones o como consecuencia de ellas; Las demás conductas no previstas en esta Ley pero contempladas expresamente en la Convención Interamericana contra la Corrupción y en la Ley 6357 o la que en un futuro la reemplace.
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