Abriendo la norma
Las personas privadas de la libertad pueden promover ante el Ministerio Público Fiscal, por sí o por intermedio de su defensa técnica, el control de legalidad de los actos u omisiones de la administración penitenciaria que afecten sus derechos o incidan sobre las formas de ejecución de pena consagradas en esta Ley, o de cualquier petición administrativa que haya sido rechazada o no haya tenido respuesta en forma oportuna.
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