Abriendo la norma
El Ministerio Público Fiscal dispone lo necesario para producir la prueba ofrecida y toda aquella que considere relevante para la determinación de los hechos denunciados. A tal fin, tiene facultades amplias para requerir los informes y actos administrativos relacionados con el planteo llevado a su estudio, constituirse en los lugares de detención, tomar declaraciones testimoniales, disponer medidas urgentes y cualquier otro medio de prueba útil para llevar a cabo el control de legalidad requerido. Con todo ello, se forma una carpeta donde se vuelca toda la prueba producida y colectada. El Ministerio Público Fiscal efectúa una valoración objetiva de la evidencia y, en el plazo de cinco (5) días hábiles, emite un dictamen fundado sobre la legalidad del acto u omisión cuestionado.
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