Abriendo la norma
El objeto de la presente Ley es: 1) Establecer los principios, reglas, estándares, órganos y procedimientos necesarios para la aplicación de la pena y para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas condenadas, se encuentren privadas de su libertad o no, así como a las personas con prisión preventiva, independientemente de la causa que lo motiva; 2) Garantizar el respeto de la dignidad humana y el desarrollo de las potencialidades individuales de todas las personas condenadas, estén o no privadas de su libertad, promoviendo su reintegración social y la reducción de la reincidencia; 3) Prevenir la criminalidad en los establecimientos penitenciarios mediante la identificación y gestión de riesgos internos y su proyección hacia la comunidad, promoviendo entornos seguros; 4) Garantizar el derecho de las víctimas a ser oídas e informadas respecto a los procedimientos judiciales de las personas privadas de la libertad vinculadas a su caso; 5) Promover la reparación del daño causado conforme lo ordenado en la sentencia judicial y facilitar acuerdos restaurativos entre las personas condenadas y las víctimas que así lo requiriesen; 6) Regular los procedimientos para la resolución de solicitudes y controversias relacionadas con el cumplimiento de la ejecución de la pena.
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