Abriendo la norma
Las personas gestantes privadas de la libertad deben contar con la asistencia para que el parto se lleve a cabo en un hospital público fuera del establecimiento penitenciario. En casos excepcionales de urgencia, se debe contar con el equipamiento adecuado para su atención en el establecimiento penitenciario, si no fuera posible acceder al hospital público.
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