Abriendo la norma
El Servicio Penitenciario y de Reintegración Social garantiza instalaciones adecuadas para las personas que posean algún tipo de discapacidad. Se debe priorizar la prisión domiciliaria, principalmente para el caso en que el espacio no pueda adaptarse a la persona privada de su libertad. Asimismo, las autoridades del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social deben asegurar los medios necesarios para tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), establecido en la Ley 22.431, o la que en el futuro la reemplace.
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