Abriendo la norma
El agente municipal que sea acusado de delito cuya pena sea mayor de tres años de reclusión o prisión, y contra el cual se haya decretado auto de prisión preventiva, podrá ser suspendido en sus tareas o funciones si las razones del servicio lo justifican debidamente. Los salarios caídos durante el tiempo que dure la suspensión sólo le serán abonados en caso de absolución o sobreseimiento definitivo. La Dirección de Asuntos Jurídicos informará a la Superioridad sobre la conveniencia de limitar o dejar sin efecto la suspensión, teniendo en cuenta los antecedentes obrantes en la causa, para evitar el mantenimiento de una suspensión que luego da lugar a cobro de haberes no obstante la falta de prestación del servicio.
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