Abriendo la norma
Pautas generales para la regulación de honorarios judiciales. Para fijar el monto de la regulación de los honorarios, en lo que superen de los mínimos, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: a) El monto del litigio y/o el valor de los bienes objeto del proceso, si fueren susceptibles de apreciación pecuniaria. b) El tipo y complejidad del litigio o proceso. c) El mérito de la labor profesional, apreciada por la calidad, eficacia y extensión del trabajo. En caso de acumulación de causas o incidentes, se tendrá en cuenta en cada una de ellas, la labor cumplida y las reglas especiales dispuestas para incidentes. d) La actuación profesional con respecto a la aplicación de los principios de celeridad y de economía procesal. e) Las actuaciones esenciales previstas por la ley para el desarrollo del proceso o actuación de que se trate. f) Las actuaciones de mero trámite. g) La probable o usual dedicación temporal del profesional en el desempeño de sus servicios. h) La trascendencia jurídica y económica que tuviere el asunto en general y para las partes. i) La novedad que represente el caso planteado ante la jurisdicción. Estas reglas de estimación de la labor profesional deben interpretarse independientemente, sin excluirse entre sí y sin que ninguna sea utilizada en detrimento de la valoración de la labor profesional. Cuando haya litis consorcio, la regulación se hará con carácter solidario respecto de los obligados al pago de los honorarios. En los procesos de jurisdicción voluntaria, a los fines de la regulación, se considerará que hay una sola parte. En ningún caso el juez del proceso podrá violar, bajo pena de nulidad, los mínimos legales establecidos en esta ley. La consideración de todos los parámetros dispuestos por la ley según corresponda al caso, no puede ser eludido, también bajo pena de nulidad. La regulación que no respete los mínimos legales hará incurrir al juez en falta en los términos del artículo 8° de la ley 33-B (antes ley 188) y modificatorias o la normativa que en el futuro la reemplace. El profesional afectado podrá informar su caso, con independencia de su defensa procesal, al Observatorio de Honorarios creado por esta ley y a la asociación profesional que lo represente.
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