Abriendo la norma
Ley provincial XV-43
Investigación encubierta en entornos digitales. Agente encubierto digital
El Juez Penal, a requerimiento de las partes, podrá autorizar en el marco de una investigación concreta en el que se investigue la comisión de delitos señalados en el artículo 9 de la presente ley, la realización de investigaciones encubiertas en canales cerrados de comunicación, con el fin de identificar o detener a los autores, partícipes o encubridores, impedir la consumación de un delito, o para reunir elementos de prueba útiles para la investigación. A tal fin, el Juez Penal podrá autorizar la designación de investigadores propuestos por el MPF para que actúen en forma encubierta. Podrán ser agentes encubiertos digitales los integrantes de las Fuerzas de Seguridad y del Cuerpo de Investigación Fiscal. Los investigadores designados, podrán crear o utilizar perfiles o identidades digitales falsas poniendo en conocimiento al Fiscal a cargo de la investigación, quien deberá registrar toda la información necesaria respecto a los perfiles o identidades falsas, sistemas informáticos en los que se utilizarán, claves de acceso validadas y actividad concreta a desarrollar. El Juez Penal podrá autorizar que, durante la investigación encubierta, se intercambien archivos o contenidos ilícitos, se compren o vendan bienes, activos digitales o servicios, se participe de foros o grupos o cualquier actividad en entornos digitales con la finalidad de identificar a los responsables de los hechos ilícitos investigados. En estos supuestos, no serán perseguibles quienes, como consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación encubierta encomendada, hubieran cometido un hecho ilícito, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la investigación y no implique poner en peligro cierto la vida o la integridad psíquica o física de una persona o la imposición de un grave sufrimiento físico o moral a otro. La medida será autorizada por el plazo estrictamente necesario para lograr la individualización de los autores, partícipes o encubridores, o para obtener y asegurar los medios de pruebas necesarios para su prosecución hasta por tres meses, prorrogables por igual plazo, siempre que el requerimiento se encuentre fundado en relación con la necesidad propia de cada caso. La orden judicial que autorice la medida deberá fundamentar su necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, justificando especialmente la ponderación de su utilidad con relación a la afectación de derechos fundamentales involucrados, la gravedad del hecho investigado y que no existen medios menos intrusivos de la intimidad del imputado y demás afectados que resulten útiles para alcanzar los mismos fines probatorios. En ningún caso la actuación del agente encubierto digital podrá inducir, incitar o promover la comisión de un delito que no hubiera ocurrido sin su intervención. Toda actividad deberá desarrollarse con carácter reactivo, documentando exclusivamente conductas ya en ejecución o con indicios razonables de planificación previa.
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