Abriendo la norma
Constitución
Todo funcionario o empleado de la Provincia a quien se impute la comisión de un delito de acción pública en el desempeño de su cargo está obligado, bajo pena de destitución, a promover querella criminal contra el acusador y a continuarla hasta la sentencia. Para la tramitación de esta querella, gozará del beneficio del proceso gratuito. Los funcionarios y empleados serán personalmente responsables por los daños causados a la Provincia o a terceros, por extralimitación o cumplimiento irregular de sus funciones.
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