Abriendo la norma
Constitución
Toda enajenación de bienes fiscales o municipales, compra, obra pública y demás contratos se hará por el sistema de subasta o licitación pública, bajo pena de nulidad, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes. La ley u ordenanza, en su caso, reglamentará este principio y sus excepciones. Los funcionarios y empleados a sueldo del Estado no podrán intervenir como oferentes, apoderados o intermediarios en licitaciones públicas bajo pena de nulidad y cesantía.
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