Abriendo la norma
Ley provincial 11.083 · 2025
Colegio de Profesionales en Trabajo Social.
La Legislatura de la Provincia de Córdoba Sanciona con Fuerza de Ley:
El Colegio de Profesionales en Servicio Social, creado por Ley N° 7342, a partir de la presente Ley se denominará Colegio de Profesionales en Trabajo Social de la provincia de Córdoba y continuará desarrollando sus actividades con el carácter, derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público no estatal, siendo el único ente reconocido por el Estado Provincial para la realización de los objetivos y finalidades expresados en esta Ley.
El Colegio de Profesionales en Trabajo Social de la provincia de Córdoba estará integrado por todas las personas que se hallen debidamente matriculadas y habilitadas por el mismo, conforme a la Ley que regula el ejercicio profesional y que ejerzan su profesión y funciones en el territorio de la provincia de Córdoba.
La sede del Colegio de Profesionales en Trabajo Social de la provincia de Córdoba estará ubicada en la ciudad de Córdoba y en ella actuará el Consejo Superior con jurisdicción en el territorio de la provincia, el Tribunal de Ética y el Órgano Revisor de Cuentas.
Son funciones, atribuciones y finalidades del Colegio, las siguientes: 1) Otorgar y controlar la matrícula habilitante para el desempeño de la profesión de Trabajo Social en la provincia de Córdoba; 2) Bregar por la dignidad, el desarrollo y las prerrogativas de la profesión; 3) Asumir la defensa y protección de sus colegiados en el ejercicio de la profesión, en los planos ético, técnico, económico y social; 4) Fomentar el espíritu de solidaridad, consideración y asistencia recíproca entre sus colegiados; 5) Velar por el cumplimiento de las normas de ética profesional y ejercer el poder disciplinario sobre los colegiados, en las condiciones establecidas en la presente Ley; 6) Proponer un régimen de aranceles profesionales mínimos obligatorios para la prestación de servicios a entes públicos estatales, particulares, entidades civiles, comerciales, industriales, educacionales, mutuales, obras sociales, cualquier otra entidad vinculada con el objeto y cualquier otro beneficiario de la prestación de tales servicios; 7) Combatir y actuar contra el ejercicio ilegal de la profesión; 8) Elaborar posicionamientos públicos y expedirse ante situaciones sociales, decisiones políticas y acciones relacionadas a la vulneración de derechos que afecten a personas, grupos o comunidades específicas; 9) Peticionar y bregar por la protección de los derechos de los trabajadores sociales, defendiéndolos y representándolos de forma individual o colectiva ante los poderes públicos o privados, de las diferentes áreas y jurisdicciones, para asegurarles las más amplias garantías en el ejercicio de la profesión; 10) Establecer y mantener vinculaciones con otras instituciones o entidades gremiales, científicas, académicas, culturales, nacionales, provinciales, municipales o extranjeras; 11) Brindar asesoramiento y colaboración, remunerada o gratuita, a requerimiento de organismos estatales, privados u organizaciones de la sociedad civil, sobre formulación de políticas, programas, proyectos u otros aportes que se soliciten y requieran del conocimiento y de la especificidad profesional; 12) Fundar bibliotecas, editar publicaciones, promover cursos o jornadas de perfeccionamiento, conferencias y cursillos, establecer premios a la labor científica, instituir becas y propiciar cualquier otro medio de perfeccionamiento científico, cultural y técnico entre los colegiados; 13) Intervenir como árbitro en las cuestiones atinentes al ejercicio profesional que se le sometan y evacuar las consultas que se le formulen; 14) Participar como jurado de concursos en todas las áreas y jurisdicciones tanto públicas como privadas en las que se convoque a profesionales del trabajo social; 15) Adquirir, gravar, disponer y administrar bienes, los que sólo podrán destinarse al cumplimiento de los fines de la institución; 16) Aceptar donaciones, legados y subsidios; 17) Determinar el número de Delegaciones Regionales, Subsedes, sus jurisdicciones, funciones y los lugares de funcionamiento de las mismas; 18) Habilitar Delegaciones Regionales y Subsedes de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley, supervisando su cumplimiento, y 19) Promover, controlar y reglamentar la realización de auditorías en las Delegaciones Regionales y Subsedes.
Son autoridades del Colegio a nivel provincial: 1) La Asamblea Provincial; 2) El Consejo Superior; 3) El Tribunal de Ética, y 4) El Órgano Revisor de Cuentas.
La Asamblea Provincial es la autoridad máxima del Colegio. Está integrada por los profesionales inscriptos en la matrícula, que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos de colegiados con voz y voto. Las Asambleas pueden ser ordinarias o extraordinarias. La Asamblea Provincial no tendrá sede ejecutiva y podrá reunirse en la localidad que determine el Consejo Superior.
Las Asambleas Ordinarias Provinciales se celebrarán una vez al año dentro de los ciento veinte días corridos de cerrado el ejercicio anual de acuerdo a las previsiones que sobre el particular fije el reglamento y tienen por objeto principal considerar la memoria, el balance, el presupuesto y demás asuntos relativos al Colegio y a la gestión del Consejo Superior. Las Asambleas Extraordinarias Provinciales se celebrarán cuando lo determine el Consejo Superior, cuando lo solicite un diez por ciento o más de los matriculados del Colegio, o por pedido expreso de al menos tres de las Delegaciones Regionales con aval del diez por ciento de los matriculados de cada una de ellas. En todos los casos, el porcentaje deberá conformarse con matriculados habilitados.
Las Asambleas se constituirán el día y hora fijados, con la presencia de al menos dos tercios de los matriculados habilitados. Si no se hubiere logrado ese número media hora después, se sesionará válidamente con el número de integrantes que estuviesen presentes. La asistencia será personal, de manera presencial o virtual. Las decisiones se tomarán por simple mayoría de votos y la Presidencia tendrá doble voto en caso de empate. En las Asambleas actuarán como Presidente y Secretario quienes ejerzan tales cargos en el Consejo Superior o en su defecto quienes designen los asambleístas. Las citaciones para las Asambleas se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia de Córdoba y en un diario de mayor circulación en la provincia por el plazo de un día, con una antelación mínima de diez días a la fecha fijada. Deberá indicarse fecha de convocatoria a la misma, lugar, día, hora de su realización y orden del día a tratar. De igual manera deberá realizarse a través de los medios oficiales de difusión del Colegio. Los mismos se publicarán por única vez. Sólo podrán tratarse los asuntos incluidos en el orden del día.
Son atribuciones de las Asambleas: 1) Aprobar o rechazar, en forma total o parcial, la memoria y el balance anual que presentará el Consejo Superior del Colegio de Profesionales de la provincia; 2) Aprobar o rechazar, en forma total o parcial, el presupuesto anual y el cálculo de ingresos del Colegio preparados por el Consejo Superior. En caso de rechazo o falta de aprobación, quedarán automáticamente reconducidos el presupuesto y el cálculo de recursos del año anterior; 3) Autorizar al Consejo Superior la compra, gravamen, enajenación de bienes registrables y aceptar donaciones con cargo, mediante el voto de los dos tercios de los colegiados asistentes habilitados de la Asamblea; 4) Apartar a los miembros del Consejo Superior, Consejos Directivos Regionales y Órgano Revisor de Cuentas por incumplimiento o mal desempeño de sus funciones, mediante el voto de los dos tercios de los asistentes habilitados de las Asambleas; 5) Interpretar, como última instancia administrativa, el reglamento, en caso de presentación de un recurso específico ante una resolución del Consejo Superior; 6) Autorizar al Consejo Superior para adherir al Colegio de Profesionales a Federaciones de entidades de su índole, a condición de conservar la autonomía del mismo; 7) Aprobar la propuesta de aranceles profesionales mínimos elaborados por el Consejo Superior; 8) Establecer el monto de las multas que deben cumplimentar los colegiados, de acuerdo a las disposiciones legales, y/o reglamentarias; 9) Establecer el monto de las cuotas periódicas de la matrícula profesional y los derechos de inscripción destinados al sostenimiento del Colegio; 10) Aprobar los reglamentos internos del Colegio propuestos por el Consejo Superior, por el Tribunal de Ética o por el Órgano Revisor de Cuentas en lo atinente a sus funciones y atribuciones específicas; 11) Aprobar o reformar los Reglamentos y el Código de Ética, a propuesta del Consejo Superior o de un número no menor al treinta por ciento de matriculados habilitados; 12) Disponer la creación de Delegaciones Regionales en la provincia, determinando su jurisdicción, deberes, atribuciones y sedes de las mismas; 13) Disponer la disolución de Delegaciones Regionales y Subsedes a propuesta del Consejo Superior, y 14) Designar los integrantes de las Juntas Electorales para las elecciones del Colegio Profesional.
El Consejo Superior se constituye en el órgano ejecutivo del Colegio de Profesionales en Trabajo Social, de acuerdo a las previsiones de la presente Ley y estará integrado por: 1) Mesa Ejecutiva, conformada por el Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Tesorero, Secretario de Formación y Actualización Profesional, Secretario de Asuntos Laborales y dos suplentes; tendrá a su cargo la administración del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de la provincia de Córdoba y dispondrá las medidas necesarias para mejorar la atención de los fines de la institución, y 2) Vocales por cada Delegación Regional, cargos que asumirán integrantes de los Consejos Directivos Regionales en calidad de delegados y en representación de cada Delegación Regional. La cantidad de vocalías correspondientes a cada Delegación Regional se determinará según el porcentaje de representación en relación al padrón provincial de colegiados activos habilitados, correspondiendo un delegado por cada diez por ciento del padrón provincial, garantizando un representante por cada Delegación Regional en el caso de que la misma no alcanzara ese porcentaje. Los Vocales podrán ocupar las Secretarías temáticas que defina el Consejo Superior. El Consejo Superior se terminará de conformar en su totalidad con los vocales que surjan electos en las Delegaciones Regionales según lo estipulado en el artículo 50 de la presente Ley.
El Consejo Superior tiene los siguientes deberes y atribuciones: 1) Dictar las resoluciones necesarias para el funcionamiento del Colegio de Profesionales, conforme a esta norma; 2) Otorgar, controlar, suspender y cancelar la matrícula de los profesionales del Trabajo Social y formar legajo de antecedentes profesionales de cada matriculado, de acuerdo a lo que por reglamentación y Código de Ética se establezca; 3) Publicar el registro actualizado de los profesionales matriculados que cuentan con habilitación para el ejercicio de la profesión de Trabajo Social en la provincia de acuerdo a la legislación vigente; 4) Presentar la memoria, balance, presupuesto y cálculo de recursos a consideración de la Asamblea; 5) Administrar los bienes de la Institución y ejecutar los actos de adquisición y disposición de los mismos, previa autorización de la Asamblea conforme lo dispuesto por el inciso 3) del artículo 9° de la presente Ley; 6) Proponer el Reglamento y Código de Ética Profesional a los fines de su aprobación por Asamblea Provincial y posterior consideración de los poderes públicos pertinentes. Dictar los reglamentos internos del Colegio que serán aprobados por la Asamblea; 7) Elaborar y elevar a la Asamblea Provincial, la propuesta de aranceles profesionales mínimos y una vez aprobados vigilar su cumplimiento; 8) Sugerir a la Asamblea Provincial los montos de las cuotas periódicas de la matrícula profesional, los derechos de inscripción y las multas; 9) Proponer a los poderes públicos las medidas conducentes a satisfacer las finalidades establecidas en el artículo 4° de esta norma; 10) Interpretar los Reglamentos y hacerlos cumplir; 11) Nombrar y remover empleados, y fijar sus funciones y retribuciones; 12) Contratar servicios de profesionales que resulten necesarios para el mejor cumplimiento de los fines de la institución; 13) Designar áreas, comisiones, subcomisiones, mesas de trabajo y otras modalidades operativas; 14) Autorizar y regular la publicidad referida al ejercicio profesional; 15) Denunciar el ejercicio ilegal de la profesión formulando la pertinente denuncia judicial si correspondiere; 16) Convocar las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, redactar el orden del día, cumplir y hacer cumplir las resoluciones de las mismas; 17) Depositar en el banco oficial de la provincia u otro que el Consejo Superior defina, los fondos de la Institución a la orden conjunta del Presidente, Secretario General y Tesorero; 18) Cobrar y percibir las cuotas, multas, derechos y demás fondos establecidas en el artículo 57 de esta Ley; 19) Ejecutar las sanciones del Tribunal de Ética; 20) Realizar cuantas medidas fueran conducentes a la acción social, gremial, profesional y económica en beneficio de los colegiados; 21) Proponer a la Asamblea Provincial la creación de Delegaciones Regionales y Subsedes; 22) Habilitar y supervisar a las Delegaciones Regionales y Subsedes, definiendo las funciones y atribuciones de las mismas; 23) Intervenir las Delegaciones Regionales y Subsedes cuando se hubieren apartado de los fines y funciones otorgados por la presente Ley. El Reglamento determinará las causales por las cuales el Consejo Superior podrá intervenir las Delegaciones a los fines de su normalización institucional; 24) Proponer a la Asamblea Provincial la disolución de Delegaciones Regionales y Subsedes, y 25) Resolver frente a situaciones excepcionales lo dispuesto en el artículo 21 de la presente Ley.
Para sesionar válidamente el Consejo Superior requerirá un quorum de dos tercios del total de sus miembros. Las resoluciones se tomarán por simple mayoría de votos, salvo casos especiales que establezca la reglamentación. El Presidente tendrá doble voto en caso de empate. Las sesiones serán públicas, salvo que el Consejo Superior resolviera lo contrario por simple mayoría.
El Consejo Superior deberá sesionar por lo menos dos veces por mes. El integrante que faltare a cuatro sesiones consecutivas o a siete alternadas por año sin justificar su inasistencia, será apercibido por el propio Consejo, bajo la prevención de que en caso de reincidencia el Consejo Superior pedirá su remoción por la Asamblea Provincial.
Las vacantes que se produzcan en el seno del Consejo Superior serán cubiertas hasta la terminación del período por integrantes suplentes, según el orden de sufragios obtenidos. Si, a pesar de la integración con suplentes, el Consejo Superior no lograra funcionar válidamente, convocará a elecciones dentro de un término de quince días, para conformarlo con los nuevos integrantes que ocuparán los cargos acéfalos hasta terminar el período que hubiese correspondido ejercer a los titulares de las vacantes. La elección se verificará conforme lo establecido por los artículos 10 última parte, 40 y 41 de la presente Ley.
En caso de acefalía de la Presidencia por renuncia, legítimo impedimento o remoción, el cargo sólo podrá ser ocupado por el Vicepresidente en ejercicio.
El Presidente ejerce la representación legal del Colegio de Profesionales en todos los actos internos y externos, preside el Consejo Superior, cumple y hace cumplir las resoluciones de éste, del Tribunal de Ética y de las Asambleas, y ejerce las atribuciones que la Ley y los Reglamentos le confieren. El Vicepresidente reemplaza en sus funciones al Presidente en caso de ausencia temporaria de éste y en los supuestos previstos en el artículo 15 de esta norma.
El Presidente y el Secretario General o el Tesorero, según corresponda, suscriben los instrumentos públicos o privados que sean menester, inclusive cheques, documentos y escrituras públicas.
El Secretario General tiene a su cargo la correspondencia, actas y contratos; controla el trabajo y desempeño de empleados y tiene además las funciones que le asignan los Reglamentos.
El Tesorero controla la contabilidad, percibe y deposita los ingresos y realiza los pagos conjuntamente con el Presidente. Para mejor ejecución de sus funciones, el Consejo Superior dispondrá utilizar el asesoramiento técnico que estime necesario.
En caso de vacancia de los cargos de Vicepresidente, Secretario General y Tesorero, el Consejo Superior designará de entre sus integrantes, previa conformación con suplentes, a quienes hayan de desempeñar las vacantes.
El Consejo Superior cesante por expiración del término de su mandato, continuará en sus funciones, si no se hubieren constituido por cualquier motivo las nuevas autoridades, durante el plazo y en las condiciones que disponga el reglamento o la legislación vigente.
El Tribunal de Ética conocerá y juzgará de oficio, a petición de parte o a requerimiento del Consejo Superior o del Consejo Directivo Regional respectivo, las transgresiones éticas cometidas por los colegiados en el ejercicio profesional, dentro del ámbito territorial de la provincia de Córdoba.
El Tribunal de Ética estará integrado por seis titulares y dos suplentes. El Tribunal actuará en las causas dividido en dos salas de tres integrantes cada una, designará sus autoridades y sesionará de acuerdo a lo que disponga la reglamentación interna respectiva.
El Órgano Revisor de Cuentas estará conformado por tres titulares y tres suplentes, con representación de la mayoría y la minoría según lo establecido en la presente Ley y su reglamentación. Tendrá a su cargo: 1) Fiscalizar la gestión económico financiera del Colegio, de acuerdo a la reglamentación que se dicte, y 2) Informar a la Asamblea Provincial sobre dicha gestión, el balance, cuadro de resultados anual y ejecución presupuestaria. En caso de vacancia de algún titular éste será sustituido por el suplente correspondiente.
Las Delegaciones Regionales serán: 1) Centro; 2) Sur; 3) Sureste; 4) Este; 5) Norte, y 6) Noroeste. Las jurisdicciones territoriales se definen por Asamblea Provincial y se establecen en el Reglamento, con el principio de favorecer el vínculo y la proximidad territorial con los matriculados y forman en conjunto el Colegio de Profesionales en Trabajo Social de la provincia de Córdoba, gozando en ese ámbito de las atribuciones que fija esta Ley. No podrán coexistir Delegaciones Regionales superpuestas geográficamente y deberá garantizarse la cobertura de todo el territorio provincial.
Las Delegaciones Regionales creadas conforme a la presente Ley tendrán su sede en la localidad que determine el acto de su creación o modifique posteriormente la Asamblea Provincial. Sus integrantes serán los profesionales cuyo domicilio real o profesional se encuentre en la jurisdicción territorial que a la Delegación le asigne el mismo acto de creación.
Las Delegaciones Regionales tendrán las atribuciones y competencias que les fija esta Ley, el Reglamento y las resoluciones que adopten el Consejo Superior y la Asamblea Provincial. Desarrollarán las actividades que les indique, les asigne o delegue el Consejo Superior. Las Delegaciones no podrán formar parte de entidades profesionales de segundo y tercer grado.
Corresponde a las Delegaciones Regionales: 1) Cumplir y hacer cumplir las obligaciones emergentes de la presente Ley que no hubieran sido atribuidas expresamente al Consejo Superior, al Órgano Revisor de Cuentas y al Tribunal de Ética; 2) Ejercer el contralor de la actividad profesional en la Delegación Regional, cualquiera sea la modalidad de trabajo y en cualquier etapa del mismo, y 3) Dictar sus reglamentos de acuerdo a las disposiciones de la presente Ley y las resoluciones que adopten el Consejo Superior y la Asamblea Provincial.
Son autoridades del Colegio a nivel regional: 1) La Asamblea de colegiados de la Delegación Regional, y 2) El Consejo Directivo Regional.
La Asamblea es la autoridad máxima de la Delegación Regional, integrada por todos los colegiados en pleno ejercicio de sus derechos como tales, con domicilio real o profesional en la región. Tendrá las atribuciones determinadas en la presente Ley y su reglamentación. Las Asambleas Regionales podrán ser de carácter ordinarias o extraordinarias y deberán convocarse con, por lo menos, diez días de anticipación explicitando el Orden del Día a tratar, según se estipula en el artículo 8° de la presente Ley.
La Asamblea Ordinaria Regional se reunirá una vez al año en los plazos estipulados y lugar que determine el Reglamento del Colegio de Profesionales en Trabajo Social de la provincia de Córdoba. En las Asambleas sólo podrán tratarse los asuntos incluidos en el Orden del Día, siendo absolutamente nula toda resolución que se adopte en asuntos no incluidos en él. El Orden del Día deberá incluir obligatoriamente el tratamiento de la Memoria Anual, el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos, y el Informe Contable del ejercicio concluido, que serán elevados al Consejo Superior para su integración y posterior tratamiento en la Asamblea Anual Ordinaria Provincial.
La Asamblea sesionará válidamente con la presencia de por lo menos un tercio de los colegiados habilitados empadronados en la Delegación Regional, en primera citación. Media hora después de la fijada para la primera citación, se constituirá válidamente cualquiera sea el número de colegiados presentes. En las Asambleas actuarán como Presidente y Secretario quienes ejerzan tales cargos en el Consejo Directivo Regional o, en su defecto, quienes designen los asambleístas.
Las Asambleas Extraordinarias Regionales podrán ser convocadas por: 1) El Consejo Directivo Regional; 2) El Consejo Superior, o 3) Pedido expreso de un número no inferior al treinta por ciento de los colegiados de la Delegación Regional.
Son atribuciones de las Asambleas Regionales: 1) Solicitar la convocatoria a Asamblea Extraordinaria Provincial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7° de la presente Ley; 2) Aprobar o rechazar en forma total o parcial, la memoria y el informe contable anual que presentará el Consejo Directivo Regional al Consejo Superior; 3) Aprobar o rechazar en forma total o parcial el presupuesto anual para la Delegación Regional propuesto por el Consejo Directivo Regional; 4) Tratar todo asunto atinente a la Delegación Regional; 5) Disponer la creación de Subsedes en la Delegación Regional, determinando la jurisdicción, deberes, atribuciones y sedes de las mismas, y 6) Toda otra atribución que por reglamentación o vía estatutaria se le atribuya.
Las Delegaciones Regionales serán dirigidas por un Consejo Directivo Regional integrado por un Presidente, un Secretario, un Tesorero, dos Vocales Titulares y un Vocal Suplente. Los tres primeros constituirán la Mesa Directiva de la Delegación Regional. Cualquier integrante del Consejo Directivo Regional podrá ser designado como Vocal del Consejo Superior, según lo estipulado en el artículo 10 de esta norma.
Serán funciones del Consejo Directivo Regional: 1) Verificar el cumplimiento de las sanciones que imponga el Tribunal de Ética; 2) Responder a las consultas que les formulen las entidades públicas, privadas o mixtas de la región acerca de asuntos relacionados con la profesión, siempre que las mismas no sean de competencia de otros órganos del Colegio de Profesionales en Trabajo Social de la provincia de Córdoba; en este supuesto deberá girarse al Consejo Superior; 3) Receptar y elevar al Tribunal de Ética todos los antecedentes de las faltas y violaciones a la Ley, su reglamentación, al Código de Ética o las normas complementarias que en consecuencia se dicten, en que hubiere incurrido o se le imputaren a un colegiado de la región, conforme se establece en la presente norma y su reglamentación; 4) Elevar al Consejo Superior toda iniciativa tendiente a regular la actividad profesional para mejor cumplimiento de la presente Ley; 5) En general y en sus respectivas jurisdicciones, con las limitaciones propias de su competencia, ejercer las atribuciones contenidas en los incisos 2), 3), 4), 7), 8), 9), 10) y 11) del artículo 4° de esta norma; 6) Proponer el presupuesto anual para la Delegación Regional y someterlo a la aprobación del Consejo Superior, conjuntamente con el informe contable del ejercicio concluido, una vez que hayan sido aprobados por la Asamblea Regional; 7) Celebrar convenios con instituciones públicas, privadas, entre otras, de la región, previo conocimiento y autorización del Consejo Superior; 8) Organizar cursos, conferencias, muestras, exposiciones y toda otra actividad social, cultural y técnico-científica, para el mejoramiento intelectual y cultural de los colegiados de la Delegación Regional y de la comunidad, en articulación con la Secretaría de Formación y Actualización Profesional del Colegio Provincial, o la que la reemplace; 9) Designar áreas, comisiones, subcomisiones, mesas de trabajo y otras modalidades operativas, y 10) Proponer a la Asamblea Regional, la creación de Subsedes en su territorio.
Para ser integrante del Consejo Directivo Regional se requerirá: 1) Tres años de antigüedad mínima e ininterrumpida en el ejercicio profesional en la provincia de Córdoba; 2) Una antigüedad mínima de dos años de domicilio real o profesional en la Delegación Regional; 3) Hallarse en el pleno ejercicio de los derechos de colegiado, y 4) No encontrarse incurso en las situaciones descriptas en los artículos 59 y 60 de la presente Ley y su reglamentación.
El Consejo Directivo sesionará al menos dos veces al mes, con excepción del mes de receso establecido por el Consejo Superior. El quorum para sesionar válidamente será de por lo menos tres integrantes y sus resoluciones se adoptarán por simple mayoría de votos de los presentes. En caso de empate el Presidente tendrá doble voto.
El Consejo Superior fijará la fecha de elecciones para los integrantes de la Mesa Ejecutiva del Consejo Superior, Órgano Revisor de Cuentas, Tribunal de Ética y autoridades de las Delegaciones Regionales como mínimo cien (100) días corridos previos al acto eleccionario. Simultáneamente convocará a la Junta Electoral Provincial electa por Asamblea Provincial que, con la misma anticipación, iniciará su accionar y cumplirá sus funciones. El acto eleccionario se realizará en forma simultánea en todas las Delegaciones Regionales del Colegio de Profesionales en Trabajo Social. El período de mandato del Consejo Superior, Tribunal de Ética, Órgano Revisor de Cuentas y Consejos Directivos de las Delegaciones Regionales deberá ser coincidente.
Son electores los profesionales del Trabajo Social habilitados, entendiéndose por ello a estar inscriptos en la matrícula, no tener deudas con la entidad y no encontrarse suspendidos o cumpliendo con sanción del Tribunal de Ética. La elección de miembros del Consejo Superior, Órgano Revisor de Cuentas, Tribunal de Ética y autoridades de las Delegaciones Regionales se hará por voto directo, secreto, obligatorio e igual de los electores y a simple pluralidad de sufragios. Las listas que habrán de participar en la elección estarán compuestas por un número de candidatos igual al número de cargos a cubrir.
Los matriculados habilitados para votar podrán hacerlo en: 1) Las Sedes de las Delegaciones Regionales que determine la Junta Electoral y a cuya jurisdicción corresponda su domicilio registrado en el Colegio de Profesionales en Trabajo Social; 2) Otros lugares de votación designados por resolución de la Junta Electoral según se establezca en la reglamentación, y 3) Otras modalidades siempre que se garanticen las condiciones del voto universal y secreto. La modalidad de implementación se regirá por lo establecido en la reglamentación que se dicte.
El voto es obligatorio para los electores matriculados habilitados de acuerdo a lo establecido en la presente Ley. El incumplimiento sin causa justificada los hará pasible de multa cuyo monto fijará anualmente la Asamblea Provincial y que podrá cobrarse judicialmente por vía de juicio ejecutivo.
Para ser elegido integrante de la Mesa Ejecutiva del Consejo Superior y del Órgano Revisor de Cuentas se requerirá un mínimo de cinco años de ejercicio profesional, y para ser integrante del Tribunal de Ética ese plazo será de siete años, ambos en la provincia de Córdoba. Para las autoridades de las Delegaciones Regionales el tiempo requerido será el establecido en el artículo 37 de la presente Ley. El período de mandato de todos los cargos electivos, titulares y suplentes, será de tres años y no podrán ser reelectos por más de un período consecutivo en el mismo cargo. Ante la ausencia de postulantes que conformen listas de candidatos en alguna Delegación Regional, en la misma sólo se elegirán autoridades provinciales. Se definirán por vía reglamentaria los plazos y condiciones de una segunda convocatoria, quedando establecido que el término del mandato de quienes asuman, será coincidente con el del Consejo Superior.
Las elecciones se realizarán en la fecha fijada por el Consejo Superior, con una antelación de hasta treinta días corridos a la terminación de los mandatos del Consejo Superior, Órgano Revisor de Cuentas, Tribunal de Ética y autoridades de las Delegaciones Regionales. La convocatoria será realizada con una anticipación de hasta treinta días corridos al acto eleccionario, debiéndose exhibir, dentro del mismo término, el padrón electoral provisorio dividido por Delegaciones Regionales y publicarse según lo establezca la reglamentación.
La recepción de votos durará ocho horas consecutivas como mínimo y estará a cargo de la Junta Electoral Provincial designada por la Asamblea Provincial.
La Junta Electoral Provincial estará integrada por tres titulares y tres suplentes que no deberán ocupar cargos en el Colegio ni ser candidatos a ocuparlos. En su primera reunión elegirá entre sus titulares un Presidente, un Secretario y un Vocal, dictando el Reglamento Electoral en consonancia con lo establecido en la reglamentación de la presente Ley. La Junta Electoral Provincial será la máxima autoridad electoral del Colegio. Su duración, será desde que es designada en la Asamblea Provincial para dicha función, hasta que se proclamen las autoridades electas en todos los estamento y Delegaciones Regionales.
Son funciones de la Junta Electoral: 1) Designar sus autoridades y dictar su reglamento interno; 2) Organizar todo lo atinente al acto electoral cumpliendo con los tiempos establecidos en la presente Ley y su reglamentación para llevarlo adelante; 3) Confeccionar los instrumentos necesarios para la correcta realización de las elecciones; 4) Controlar la confección del padrón electoral y su posterior publicación de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 de esta norma, recibiendo y resolviendo dentro de su competencia los reclamos u observaciones de los matriculados; 5) Fiscalizar la correcta confección de las listas; 6) Fiscalizar que la confección de las boletas, la conformación e integrantes de cada lista se correspondan con lo establecido en la presente Ley y su reglamentación; 7) Designar las sedes de votación y a las autoridades de mesa, asesorándolas en lo que éstas pudieran requerir relacionado al acto electoral; 8) Supervisar el envío de urnas, documentación y elementos necesarios para el acto eleccionario en tiempo y forma a todas las sedes de votación designadas; 9) Recibir las urnas con las actas de cierre del acto y escrutinio provisorio que se elaboren en cada mesa electoral; 10) Realizar el escrutinio provisorio y definitivo dentro de los tiempos establecidos en la reglamentación de la presente Ley; 11) Labrar un acta del resultado obtenido por las listas para elección de autoridades, proclamando las autoridades electas, y 12) Todo otro acto que considere necesario para la concreción de la elección de autoridades en un todo de acuerdo a la presente Ley y su reglamentación.
Las resoluciones de la Junta Electoral son definitivas en el ámbito del Colegio de Profesionales en Trabajo Social de la provincia de Córdoba. El cargo de miembro de la Junta Electoral es irrenunciable, salvo causal de legítimo impedimento.
La Junta Electoral, a los fines de establecer el resultado final del acto electoral, deberá ajustarse a las siguientes disposiciones generales: 1) La elección de integrantes de la Mesa Ejecutiva, Órgano Revisor de Cuentas, Tribunal de Ética e integrantes de Consejos Directivos Regionales, podrá realizarse en una misma boleta discriminando los estamentos y cargos; 2) Se permitirá el corte de boletas debiendo computarse los votos obtenidos en forma independiente; 3) Las tachaduras y enmiendas en las boletas no invalidan el voto, y 4) Si en la elección interviniera más de una lista se otorgará, por lo menos, representación a la primera minoría en los cargos de Vocales, miembros del Tribunal de Ética y Órgano Revisor de Cuentas en la forma y proporción que determine la reglamentación, siempre que el número de votos válidos obtenidos represente, como mínimo, el diez por ciento del padrón electoral. En caso de empate se decidirá conforme lo establezca la reglamentación. De igual manera deberá procederse con la elección de las autoridades regionales.
La Junta Electoral realizará el escrutinio provisorio dentro de las veinticuatro horas de finalizado el acto eleccionario y procederá, de no mediar impugnaciones, al escrutinio definitivo dentro de los siete días corridos posteriores a la finalización del acto eleccionario, proclamando a las autoridades electas. A los fines de la conformación definitiva del Consejo Superior del Colegio de Profesionales en Trabajo Social de la provincia de Córdoba, cada Delegación Regional deberá nominar de entre sus integrantes electos, a quienes asumirán la función de Vocales que las representarán en el mismo dentro de los cinco días posteriores a la proclamación de autoridades.
Cualquier elector podrá presentar impugnaciones dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a la realización del acto eleccionario. Dicha solicitud de impugnación deberá presentarse por escrito ante la Junta Electoral Provincial, indicando con precisión las causas del vicio.
La Junta Electoral Provincial deberá pronunciarse en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas de recibida, acerca del mérito de la impugnación.
En todos los casos no previstos por esta Ley se aplicarán por analogía, en forma supletoria, las disposiciones del Código Electoral de la provincia, vigente a la fecha de la elección.
El Colegio sólo podrá ser intervenido por el Poder Ejecutivo Provincial si mediare incumplimiento de sus fines o transgresiones a las normas legales o reglamentarias que rigen su organización y funcionamiento. La intervención deberá tener un término limitado y por única finalidad adoptar las medidas conducentes a regularizar el funcionamiento de la entidad con arreglo a las providencias que al efecto dicte la autoridad administrativa y disposiciones de la presente Ley.
La Delegación Regional que deje de cumplir los deberes a su cargo e incumpla las normas o las funciones establecidos en esta Ley, podrá ser intimada por el Consejo Superior, para que los cumpla en el término de treinta días corridos. Vencido el plazo de la intimación sin que se subsane el defecto, la Delegación podrá ser intervenida por el Consejo Superior por un plazo no mayor a seis meses, periodo en el cual el mismo deberá llamar a elecciones regionales de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y su reglamentación.
En caso de no concretarse la elección de nuevas autoridades de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de esta norma, el Consejo Superior tendrá la potestad de proponer a la Asamblea Provincial, la disolución de la Delegación Regional. El patrimonio de la Delegación Regional disuelta se reintegrará al patrimonio general del Colegio de Profesionales en Trabajo Social de la provincia de Córdoba, previa auditoría dispuesta por el Consejo Superior.
El patrimonio del Colegio de Profesionales en Trabajo Social de la provincia de Córdoba estará formado por: 1) Los derechos de inscripción en la matrícula que deberán abonar los profesionales y que anualmente serán fijados por la Asamblea Provincial; 2) El importe de las multas que se apliquen con arreglo a la presente Ley y que fije la Asamblea Provincial; 3) La cuota periódica o monto anual por derecho a matrícula a cargo de los colegiados y cuyo monto fijará el Consejo Superior, con aprobación de la Asamblea Provincial. La falta de pago de las mismas por un lapso de doce meses, consecutivos o alternados, determinará la suspensión de la matrícula, transcurrido un año de suspensión sin regularizar la situación, la matrícula será cancelada. La regularización del pago, debe adecuarse a los planes y condiciones estipuladas por el Colegio Profesional; 4) Las tasas que se establezcan para los servicios que se presten a los colegiados y a terceros; 5) Las retenciones que se practiquen como resultantes de la contratación con las obras sociales, mutuales, entes prestadores y convenios, conforme lo determine el reglamento; 6) Los bienes muebles e inmuebles y sus rentas; 7) Las donaciones y legados que se hicieran a la institución, y 8) Los demás recursos y bienes que les autoricen las leyes. El Consejo Superior determinará la forma de percepción y la distribución de los fondos, de acuerdo al Presupuesto Anual sancionado por la Asamblea Provincial.
Entiéndese por falta a la ética profesional la violación de las obligaciones, prohibiciones y deberes prescriptos por esta Ley, el Código de Ética Profesional y las que se establezcan por resolución general de la Asamblea.
Las sanciones disciplinarias serán: 1) Apercibimiento privado o público; 2) Multa por un monto mínimo equivalente al valor de seis (6) UTS (Unidad de Trabajo Social) y un máximo de treinta (30) UTS (Unidad de Trabajo Social), calculada al momento de hacer efectiva la multa. La UTS es la unidad de medida que rige el nomenclador nacional y provincial de prestaciones profesionales de trabajo social; su valor económico se define por Asamblea. El Colegio hará efectivas las multas por vía de juicio ejecutivo, constituyendo título ejecutivo la copia certificada de la resolución del Tribunal de Ética con la constancia de encontrarse firme y del vencimiento del plazo de pago respectivo; 3) Suspensión de la matrícula por un término no mayor de seis meses; y 4) Cancelación de la matrícula por los motivos que se establecen en el artículo 60 de la presente Ley, así como otros motivos o causales fijados en la misma. Las sanciones previstas en los incisos 1), 2) y 3) se aplicarán ponderando los antecedentes del autor, la gravedad y circunstancias del caso. Las sanciones de suspensión y cancelación de matrículas inhabilitarán para el ejercicio profesional.
La cancelación de la matrícula sólo podrá ser resuelta en los siguientes casos: 1) Cuando el colegiado haya sido condenado por delitos cometidos en el ejercicio profesional, o que atenten contra los derechos humanos; 2) Cuando haya sido suspendido tres veces o más en el ejercicio profesional en los últimos cinco años; o 3) Por otros motivos o causales fijados en la presente Ley.
El Consejo Superior, previa valoración y aprobación del Tribunal de Ética, podrá a solicitud del profesional sancionado acordar la restitución de la matrícula por resolución fundada, siempre que hayan transcurrido un mínimo de tres años de su cancelación; salvo el supuesto previsto en el inciso 1) del artículo 60 de la presente Ley, en el cual se tomará en consideración el lapso total de la pena impuesta en el proceso judicial o el de la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio profesional, si la hubiera.
En caso de quedar firme la elevación a juicio dispuesta por autoridad judicial en perjuicio de un matriculado, por algún delito doloso, previa vista al acusado por el término de seis días, el Tribunal podrá suspenderlo preventivamente en la matrícula, con la consiguiente inhabilitación para el ejercicio profesional; según se determine por vía reglamentaria. La resolución que así lo disponga sólo será susceptible de impugnación por la vía del recurso administrativo de reconsideración. No se admitirá la instancia de revisión judicial.
Además de los efectos específicos de las sanciones disciplinarias aplicadas, el colegiado que hubiese sido sancionado por el Tribunal de Ética no podrá ocupar cargos directivos en la institución durante dos años en los casos del inciso 2), cuatro años en los casos del inciso 3) y en los casos del inciso 4), todos del artículo 59 de esta norma, transcurridos cuatro años posteriores a su rehabilitación conforme lo dispuesto en el artículo 61 de esta Ley.
El proceso disciplinario se regirá por los siguientes principios generales: 1) Impulso de oficio del procedimiento; 2) Aplicación supletoria del Código de Procedimiento Contencioso Administrativo -Ley N° 7182 y sus modificatorias- y, en su caso, de la Ley de Procedimiento Administrativo -Ley N° 5350 (T.O. Ley N° 6658) y sus modificatorias-; 3) La instancia de juzgamiento disciplinario se inicia de oficio o por denuncia. En el primer caso, detectado un hecho que prima facie constituya infracción, se procede a labrar un acta que será suscripta por el Presidente o uno de los Vocales del Tribunal de Ética, la cual constituirá la base e inicio del proceso, en la que debe constar: a) La fuente de información del hecho; b) La relación circunstanciada de los hechos a investigar; c) La indicación de los autores y partícipes; d) Las pruebas que hubieran sido recolectadas en el lugar de comisión del hecho o en otras circunstancias, y e) La norma presuntamente violada. De modo análogo se procederá frente a comunicaciones cursadas por el Consejo Superior o por los Consejos Directivos Regionales, tomando como fuente de información el tenor de tales comunicaciones. En el segundo caso, la denuncia debe ser escrita y contener, bajo pena de inadmisibilidad, el nombre, domicilio y datos personales del denunciante, la relación de los hechos, la indicación de su autor, las pruebas de que se disponga y la firma del denunciante. El Tribunal de Ética debe meritar la admisibilidad formal de la denuncia formulada en base al cumplimiento de los recaudos rituales y la verosimilitud de la misma; 4) El Tribunal de Ética posee, dentro del procedimiento establecido, un poder autónomo de investigación, que debe ejercitar prudencialmente de acuerdo a la naturaleza y circunstancias del hecho investigado; 5) Los plazos procesales se computarán por días hábiles. La no comparecencia del acusado no suspende el proceso, el que continuará en rebeldía; 6) El plazo de ofrecimiento y diligenciamiento de las pruebas no puede ser superior a los sesenta días, salvo en casos de complejidad excepcional en los que el Tribunal considerara necesario extender dicho plazo; 7) La prueba es amplia pudiendo el Tribunal de Ética rechazar la que sea evidentemente inconducente a la averiguación de la verdad de los hechos investigados o manifiestamente improcedente; 8) Previo al dictado de la sentencia se debe fijar una audiencia a los fines de que el denunciado pueda meritar la prueba diligenciada en el proceso. Dicha audiencia podrá ser suplida por un traslado al denunciado por el término de seis días, que se correrá en forma sucesiva en el supuesto de haber más de un denunciado; 9) La sentencia disciplinaria debe ser fundada en causa y antecedentes concretos, con argumentación lógica y legal, conforme a la libre convicción, y 10) La disidencia de uno de los vocales debe fundarse por separado.
El integrante del Tribunal de Ética que se encuentre afectado por una causal de inhibición prevista en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, debe excusarse de inmediato de entender en una causa. La recusación de un integrante del Tribunal de Ética debe interponerse en el primer escrito que presente el colegiado investigado, salvo que se trate de causales sobrevinientes, en cuyo caso debe formularse en el término de tres días de conocido el motivo o causa de recusación. Se solicitará informe al recusado, quien lo expedirá dentro del plazo de dos días. A los fines de resolver la recusación, el Tribunal se integrará con un integrante suplente designado al efecto y resolverá en forma inmediata no pudiendo recurrirse su resolución. En todos los supuestos de procedencia de la excusación o recusación, el integrante suplente designado quedará definitivamente integrado para la tramitación y resolución del caso específico.
La sentencia debe dictarse en el término de treinta días desde que la causa quede en estado de resolver. Si la sentencia ha sido dictada en rebeldía y ésta se ha producido a consecuencia de impedimento justificado en fuerza mayor, el profesional condenado puede formalizar la oposición en el término de diez días contados desde la notificación del fallo.
Las sanciones previstas en la presente Ley y aplicadas por el Tribunal de Ética, previo agotamiento de la vía administrativa, podrán ser revisadas judicialmente a instancias de los matriculados por ante la Cámara Contencioso Administrativa de la ciudad de Córdoba, mediante las acciones previstas en el Código de Procedimiento Contencioso Administrativo de la Provincia de Córdoba -Ley N° 7182 y sus modificatorias-. La interposición de los recursos y de las acciones respectivas importa la suspensión de la ejecución del fallo del Tribunal de Ética.
Encontrándose firme la sentencia del Tribunal de Ética será comunicada al Consejo Superior a los fines de su ejecución. Una copia de la sentencia disciplinaria será incorporada al legajo respectivo. Las sanciones serán publicadas y dadas a conocer frente a solicitudes de informe sobre los antecedentes disciplinarios del matriculado sancionado, con excepción del apercibimiento privado, que sólo podrá ser considerado por el Tribunal de Ética a los fines de ponderar los antecedentes del sancionado frente a la promoción de una nueva causa que merezca sanción. En caso de corresponder, el Consejo Superior reglamentará la modalidad de publicación de las sanciones. Si se hubiere dispuesto multa el sancionado debe abonarla en el término de diez días bajo apercibimiento de decretar la suspensión de la matrícula hasta el pago total de la misma. Ello, sin perjuicio de la ejecución judicial de la sanción pecuniaria, conforme lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 59 de la presente Ley.
El Tribunal de Ética llevará un registro de las causas, con el detalle correspondiente, según lo establezca la reglamentación.
La acción disciplinaria prescribirá a los dos años de ocurrido el hecho, salvo en el supuesto de delito penal no prescripto, en cuyo caso el plazo de prescripción de la acción disciplinaria será el de la acción penal. Si el hecho fuera continuado, el plazo de prescripción comenzará a correr a partir de la cesación del mismo. Si el hecho hubiera permanecido en situación de desconocimiento, la acción disciplinaria podrá promoverse aun después de transcurrido el plazo de prescripción, dentro de los sesenta días de conocido el hecho.
El curso del plazo de prescripción indicado se suspenderá, por única vez y por un plazo máximo de noventa días, a partir de la fecha de avocamiento a la causa por parte del Tribunal de Ética. El plazo de prescripción se interrumpirá con la resolución del Tribunal de Ética que disponga la apertura de la causa con la promoción de la acción disciplinaria. En cuanto a sus efectos y demás alcances, la suspensión y la interrupción de la prescripción se regirán por las disposiciones respectivas señaladas en el Código Civil y Comercial de la Nación.
La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Córdoba.
La entrada en vigencia de esta norma no implica modificación alguna respecto de los mandatos en curso de las actuales autoridades directivas del Colegio de Profesionales en Trabajo Social de la provincia de Córdoba.
Los matriculados que a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley no contasen con título de grado universitario y se encuentren matriculados en el Colegio de Profesionales en Trabajo Social de la provincia de Córdoba, no perderán derecho alguno de los que gozaban bajo el régimen de la Ley N° 7342
A los fines de lo dispuesto en los artículos 5° y 29 de la presente Ley, el Consejo Directivo vigente por Ley N° 7342 llamará a Asamblea para designar una Junta Electoral Provincial que tendrá a su cargo las tareas de: reorganizar el padrón, acorde a la nueva organización territorial, según artículo 25 de esta norma y su reglamentación, y convocar a elecciones a los profesionales habilitados para cubrir los cargos creados por la presente Ley en el plazo mínimo de noventa días corridos.
A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley quedan derogadas todas las normas y disposiciones que se opongan a la misma.
Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
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